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CONAVI/ REDINSA fue herramienta que produjo
daño patrimonial al Estado, dice Contraloría

(02 de marzo, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) ejecutó el Programa “Ñande Rogara”, de construcción de viviendas sociales, fuera del marco de las competencias que las leyes le otorgan y fuera del control que las mismas establecen sobre los fondos que forman parte del patrimonio del Estado paraguayo. El programa “se constituyó en una herramienta para producir un daño patrimonial al Estado” y a los beneficiarios, al entregar CONAVI el Subsidio Habitacional Directo (SHD) a una entidad privada y monopólica, Red de Ingeniería de Servicios S.A. (REDINSA). El programa fue financiado con donaciones del Gobierno de la República de China en Taiwán, por un monto de Gs. 24.710.008.406.

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Contraloría pide informes en
base a denuncias ciudadanas

(04 de marzo, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la Municipalidad de Luque, al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) proveer informes respecto a ciertas irregularidades denunciadas por la ciudadanía. Las denuncias fueron presentadas al Centro de Control Ciudadano de la CGR. Estos entes deberán presentar lo solicitado en un plazo de 7 a 10 días. El ente contralor también solicitó a la Procuraduría General de la República implementar medidas en relación al caso de un concejal con doble remuneración, respondiendo a una consulta planteada por la Junta Departamental de Concepción.

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Contraloria ofrece capacitación del MECIP y
rendición de cuentas a entidades públicas


 Los encargados de dar la capacitación del MECIP y Rendición
de Cuentas. Leopoldo Cataldi (izq.) Natalia Caballero,
Victor Ramírez y Arístides Rivas.

(06 de marzo, 2009) La Contraloría General de la República (CGR), en el marco de su plan de capacitación, llevará a cabo durante todo el mes de marzo una serie de socializaciones acerca del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) y Rendición de Cuentas, dirigida a todas las entidades públicas sujetas a su control. Las jornadas se realizarán en el Gran Hotel del Paraguay.

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Contraloría recomienda sumario
a funcionarios de COPACO


(9 de marzo, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) recomendó a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) S.A. el inicio de un sumario administrativo a los funcionarios responsables de haber contratado a la empresa Data Lab S.A. para la provisión de un equipo que cuesta Gs. 375.795.080 más que el promedio de mercado. El valor de la adjudicación irregular sería de Gs. 998.461.530, en concepto de equipos para el sistema de energía AC ininterrumpible para la estación terrena de Areguá, en el marco de una contratación directa por vía de excepción.

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Contraloría reclama mayor institucionalidad
para el control de las binacionales


 "El contralor Octavio Airaldi y las coordinadoras de la nueva Unidad de Control Emi Moriya y Gladys Fernández, durante la presentación de la UCEB."

(12 de marzo, 2009) Los tratados de las entidades binacionales y la sostenida debilidad institucional del Estado paraguayo han sido las causas más evidentes de los obstáculos para realizar el control gubernamental externo de Itaipú y Yacyretá, sostuvo el contralor general de la República, Octavio Airaldi. Fue durante la presentación de la nueva Unidad de Control a Entidades Binacionales (UCEB) de la Contraloría General de la República (CGR), creada con el fin de ejercer control gubernamental externo en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

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Contraloría advierte a CONATEL que viola la ley
al no fiscalizar servicio de Multicanal SA


(13 de marzo, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que, como ente regulador, está contraviniendo la ley al no fiscalizar la correcta prestación del servicio de televisión por cable de la empresa Multicanal SA, en defensa de los intereses de los consumidores. El ente contralor recomienda a la CONATEL la habilitación de una dependencia encargada de recibir denuncias de usuarios sobre el servicio prestado, a más de controlar el seguimiento de las soluciones dadas a dichas denuncias.