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MEC: Contraloría reportó a Fiscalía indicios de
hechos punibles por más de Gs. 4.000 millones 

(8 de abril, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) comunicó al Ministerio Público un probable indicio de hecho punible contra el patrimonio del Estado por un monto total de Gs. 4.320.696.410. El reporte involucra al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), bajo la administración de la ex ministra María Ester Jiménez, en el 2007. El multimillonario monto corresponde a transferencias realizadas a diversas organizaciones, que no rindieron cuentas sobre la utilización de los recursos.

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Contraloría reportó a Fiscalía indicios de hechos
punibles en BNF por más de Gs. 240 millones 

(9 de abril, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) envió al Ministerio Público un reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio sobre el uso irregular de combustibles por parte de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), por un monto total de Gs. 245.332.804. La auditoría evidenció la falta de control y transparencia en la utilización de combustibles: la CGR constató que funcionarios superiores del BNF utilizaron combustible de la institución hasta en vacaciones, sin justificación. Los hechos ocurrieron durante el 2008, bajo la presidencia de Agustín Silva Orué.

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Contraloría reporta a Ministerio Público
indicios de hechos punibles en Conavi 

(9 de abril, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante el Ministerio Público un reporte de indicios de hechos punibles contra el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) por el uso irregular de vales de combustibles sin justificación documental, por un monto total de Gs. 370.120.000. Además, los auditores de la CGR, constataron la compra de nueve cámaras digitales con un sobrecosto de Gs. 5.809.313. Los hechos ocurrieron en el 2008, bajo la presidencia de Isacio Vallejos.

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Cancillería no registró ingresos en concepto
de aranceles consulares, dice Contraloría 

(21 de abril, 2010) Una verificación de la Contraloría General de la República (CGR) a los documentos que respaldan los ingresos percibidos en el exterior en concepto de aranceles consulares permitió constatar la retención en efectivo de US$ 2.266.414 en el 2007 y US$ 2.377.298 en el 2008, para cubrir gastos de operación y mantenimiento de las sedes diplomáticas y oficinas consulares, los cuales no fueron registrados presupuestaria ni contablemente, como tampoco fueron depositados en una cuenta bancaria para su correcto seguimiento. Esto se desprende de un examen especial a la ejecución presupuestaria de los ingresos institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), correspondiente a los ejercicios fiscales 2007 y 2008, que permitió calificar con “riesgo alto” el sistema de control interno del organismo auditado.

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Contrataciones Públicas debe tramitar protestas
de procesos de contratación municipales 

(22 de abril, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) señala que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) “está obligada a dar trámite a las protestas o denuncias que se presentaren” en el marco de los procedimientos de contratación convocados por las instituciones municipales. El ente superior de control señala que esa competencia de la DNCP no ha sido modificada por la recientemente sancionada Ley Orgánica Municipal (Nº 3966/2010). La CGR responde así a la DNCP, que vía circular afirmó que ya no tramitaría las protestas que se plantearen.

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Contraloría considera inaceptable que Fiscalía devuelva
sin investigar 22 denuncias sobre hechos punibles 

(23 de abril, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) señala que “resulta inaceptable” la devolución por parte de la Fiscalía General del Estado de 22 denuncias penales y reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio del Estado paraguayo, que suman un total de Gs. 67.799.944.519, con el argumento de “insuficiencia” de las mismas. Entre lo devuelto in limine por el Ministerio Público se halla, por ejemplo, la denuncia penal presentada por la CGR sobre el incremento patrimonial injustificado de giradores y otros altos cargos de la Policía Nacional (PN), a través de la realización de dictámenes de correspondencia, algunos de los cuales presentaban un aumento injustificado de hasta 2.077% en relación a su patrimonio declarado (ver cuadro abajo).