La Entidad de Control realizó dichos requerimientos amparada en lo establecido en la Ley Nº 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloria General de la República” en su art. 9, inc. e) “El requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las Entidades Regionales o Departamentales y a los Municipios, todas las cuales deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones, dentro de un plazo de cinco a veinte días”

En concordancia con el art. 10 del mismo cuerpo legal, que expresa: “El Contralor General o quien lo sustituya, para el cumplimiento de sus funciones, podrá requerir informes a cualquier ente u oficina sometida a su control, e impartir las instrucciones pertinentes en el ámbito de su competencia. El suministro de tales informes será obligatorio para los organismos y funcionarios públicos o privados a que se refiera en cada caso concreto, so pena de incurrir en encubrimiento en los casos en que se comprobaren ilícitos”.
Si bien, el Contralor General, manifestó su opinión al respecto en varios medios de comunicación, una vez recibidos dichos informes, serán sometidos a análisis conforme a las normativas que regulan la materia, con el fin de emitir una opinión institucional.


Enlace a las Notas remitidas:

http://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/2327-otros?download=5117:nota-cgr-n--262-11-poder-ejecutivo  

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=5118&Itemid=14

 

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