Contraloría reportó a autoridades
municipales de Capiibary ante Fiscalía

 
(10 de junio, 2010) La Contraloría General de la República (CGR) presentó al Ministerio Público dos reportes de indicios de hechos punibles que involucran a la Municipalidad de Capiibary (Departamento de San Pedro). Los indicios de hechos punibles sucedieron durante el ejercicio fiscal 2008 y primer cuatrimestre del 2009, siendo intendente municipal Juan Cuenca Castillo y tesorero municipal Robustiano Rolón.

El ente superior de control reportó a los administradores comunales por indicios de adulteración de documentos y por no registrar como ingresos cobros por servicios de arado de inmuebles y excavación de tajamar a personas ajenas a la institución. Los reportes derivan de un examen especial practicado a la ejecución presupuestaria del municipio.

La CGR detectó facturas con datos que habrían sido adulterados por un monto total de Gs. 31.520.000, presentadas por el municipio como gastos de respaldo de erogaciones en concepto de combustibles. La auditoria comparó dichas facturas con copias autenticadas de los duplicados que estaban en poder de la estación de servicios (Acosta Ñu), y constató que los datos diferían entre el original y el duplicado de los mismos números de factura, en relación al importe y la cantidad de combustible, y el precio total. Además detectó la alteración del precio unitario de lubricantes. 

El segundo indicio de hecho punible reportado fue descubierto por el equipo auditor de la CGR durante entrevistas realizadas a los diferentes operadores del tractor de propiedad municipal, con el cual se efectuaban los trabajos de arado. Los mismos indicaron que se realizaron trabajos de arado en inmuebles particulares de julio  septiembre de 2007, que el costo por hectárea del arado simple era de Gs. 200.000 y el de doble arado Gs. 350.000.

Indicaron que las sumas recaudadas por estos trabaos eran rendidas a  Antonio Quintana Marecos, “compadre” del intendente, y desde agosto de 2008 a Juan Miguel Cuenca Garcete, hijo del titular de la administración comunal. Señalaron que el ingreso promedio semanal era de Gs. 1.750.000 y que no se entregaban comprobantes de ingreso a los propietarios de los inmuebles beneficiarios de dichos servicios.

El equipo auditor corroboró esta situación entrevistando además a algunos de los particulares que se beneficiaron con el uso del tractor municipal, quienes manifestaron que pagaron por el uso de maquinarias municipales a las mismas personas citadas anteriormente, sin percibir comprobantes. El monto total dejado de percibir por la comuna en este concepto asciende a G. 6.270.000.

Enlace a los reportes:
http://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/category/2289-capiibary?download=4527:rihp_daf_02_10_mun-capiibary

http://www.contraloria.gov.py/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4528&Itemid=10



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