Contraloría advierte que negativa de EBY al control avala
pretensiones que lesionan los intereses nacionales
pretensiones que lesionan los intereses nacionales
(03 de mayo, 2010) La Contraloria General de la República (CGR) advirtió a la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) que su negativa al control gubernamental externo, plasmada en documentos oficiales, arriesga “los puntos de negociación marcados por nuestra República en materia de soberanía”y pueden constituirse en “un instrumento más que avale pretensiones que lesionen los intereses nacionales”. El ente superior de control envió sendas copias de esta advertencia a la Cancillería y el Congreso Nacional, indicando que la gravedad de las respuestas de la directora interina, Elba Recalde, solo encuentran atenuante en el hecho de que su nombramiento aún no ha sido acordado por el Congreso.
La CGR resalta que aún cuando la EBY manifiesta predisposición de proveer la documentación necesaria para la realización de una auditoria de gestión que abarca desde el 15 de agosto de 2008 hasta el 31 de enero del 2010 (Resolución CGR Nº 257/2010), repite en documentos oficiales “una serie de argumentos jurídicos que no consideran trabajos de control gubernamental externo ya realizados por el Paraguay, gestiones desarrolladas a través de la Cancillería y del Congreso Nacional”. La CGR destaca que la respuesta de la EBY “más aún, menciona el Tratado de Viena, que plantea un asunto altamente controversial para la gestión de los negocios del país a cargo del Poder Ejecutivo y discutida por el Congreso Nacional”.
La nota de la CGR resalta que la respuesta de la EBY “erróneamente interpreta el Tratado de Viena con relación al artículo constitucional que otorga atribuciones a la CGR, todavía más utilizando el argumento que ha sido en algún momento esgrimido para salvar la falta de aprobación por parte del Congreso paraguayo de la Nota Reversal de 1992 sobre el precio de la energía que pretende modificar el Anexco C del Tratado de Yacyreta, situación aún no resuelta por el Gobierno paraguayo, tanto en instancias diplomáticas como en lo relativo a los asuntos internos institucionales”.
A través de una misiva dirigida a la directora interina de la EBY, Elba Recalde, la CGR señala que “preocupa la contestación que procede de quien se encuentra más próxima al gerenciamiento de la empresa en la expresión de argumentos que ya han sido superados y desconoce los avances hacia el encuadre de la cuestión al marco jurídico vigente”. Destaca que dicho marco ha sido “producto del estudio, el debte, el consenso y la acción en instancias de las entidades fiscalizadoras superiores de Argentina y Paraguay, respaldados por el Gobierno paraguayo y asentados en sendos documentos que son obviados como si no existieran y de los cuales pueden dar cuenta los archivos” de la EBY, de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambos países, así como de la memoria de algunos miembros del Consejo de Administración protagonistas del proceso, y de las direcciones involucradas en la EBY.
El ente superior de control manifiesta que “la gravedad de su contestación solo encuentra atenuante en el hecho de que su nominación como directora no ha sido aún perfeccionada por el acuerdo que requiere” por parte de la Cámara de Senadores (art. 224, numeral 7 de la Constitución Nacional) para dirigir la empresa de carácter internacional que, utilizando recursos naturales, patrimonio del Paraguay, tiene como propósito la producción de energía.
La CGR señala que la respuesta de la EBY no ha tomado en cuenta las auditorías practicadas en 2004 y en el 2008 por la CGR, ni el compromiso asumido por el Presidente de la República el 15 de agosto de 2008, ni la creación de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y sus directrices. Indica que la respuesta de la EBY también ha desconocido la creación de la mesa interinstitucional con representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de su Viceministerio de Minas y Energía y las orientaciones dadas en todas esas instancias a la CGR, y mucho menos la Declaración de la Cámara de Diputados que ha motivado la resolución de auditoría que se le ha acercado.
“Todo ello equívocamente eludido sobre la base de que se estaría tratando de una cuestión jurídica supraconstitucional que no podría encontrar asidero alguno en el marco normtivo nacional, el cual es en suma el que integra y da jerarquía a los tratados, con base a la prelación establecida en la Carta Magna que nos rige” dice la misiva.
La CGR espera que la directora de la EBY “encuentre el debido soporte técnico de sus mejores colaboradores, de quienes se espera la más calificada intervención, estableciéndose por el ello el pago de honorarios que no encuentra comparación con ninguna otra entidad que administra fondos provenientes del patrimonio público”.
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