El ente superior de control se ratifica en todos los términos de las denuncias y reportes presentados, “deslindando de este modo cualquier responsabilidad civil, penal y/o administrativa que pudiera devenir como consecuencia de la falta de impulso procesal de las causas en cuestión por parte del Ministerio Público”.

La CGR, a lo largo de los últimos años, ha consolidado como política institucional “que la ausencia de documentación respaldatoria tanto de los ingresos como de los egresos constituyen indicios suficientes para el inicio de una investigación en sede penal”. Esto, teniendo en cuenta que es obligación ineludible de los administradores de la cosa pública (Ley Nº 1.535/99) rendir cuentas de la utilización de los recursos puestos a su custodia.

Sin embargo, bajo la argumentación de que “la falta de documentación respaldatoria de las erogaciones o sus defectos constituyen faltas administrativas, carentes de relevancia penal”, la Fiscalía devolvió sin investigar denuncias de la CGR que involucran, por ejemplo, al Ministerio del Interior (Gs. 3.081.105.617), la Municipalidad de San Bernardino (Gs. 1.934.215.927), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) (Gs. 1.064.564.301), la Municipalidad de Lambaré (por Gs. 953.873.289), entre otras varias instituciones.

El ente superior de control considera inaceptable “que el órgano de persecución penal y representante de la sociedad se abstenga de iniciar investigaciones ante las denuncias elevadas y puestas a su conocimiento aludiendo la insuficiencia de las mismas, más aún tomando en consideración que ese órgano extrapoder (la Fiscalía) cuenta con una gama importante de recursos para poder investigar los hechos puestos a su conocimiento”.

El ente contralor considera que las denuncias y reportes remitidos al Ministerio Público” constituyen de manera inobjetable indicios de la comisión de hechos punibles recaídos sobre bienes o intereses del Estado paraguayo”.

La entidad fiscalizadora superior resalta que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público se ajustan a lo exigido por el Código Procesal Penal, ya que contienen hechos circunstanciados, referencias al momento histórico (ejercicio fiscal en cuestión), se indican los nombres de las personas que participaron en diversas operaciones irregulares (actos administrativos, así como la individualización de las autoridades de las diferentes entidades sujetas a control) y se acompañan los elementos probatorios necesarios para iniciar una investigación penal.

Como órgano superior de control, la CGR señala que posee “claras y específicas funciones dentro del andamiaje legal que rige el derecho positivo en la República, que éstas deben concatenarse con las del Ministerio Público y no superponerse a fin de promover una eficiente y eficaz lucha contra la corrupción en defensa del patrimonio nacional”.

El ente superior de control calificó de preocupante la devolución de las denuncias debido a que la Fiscalía General del Estado es un órgano que debe trabajar conjuntamente con la CGR en la lucha contra la corrupción y el fraude, en el marco de lo cual tienen incluso firmado un Convenio de Cooperación Interinstitucional para articular mejor las acciones. La CGR señala que remitió las denuncias y reportes oportunamente, a objeto de que el Ministerio Público “conforme a sus atribuciones legales y constitucionales, impulse los trámites vinculados a la investigación de los hechos punibles denunciados y, dependiendo del caso, promueva la acción penal pública”.

La Constitución Nacional (art. 283) señala que el deber de la CGR consiste en elaborar …“la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito, siendo solidariamente responsable, por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia”. La CGR señala que los hechos denunciados (así como sus respectivas evidencias) son producto de diversos informes de auditoría elaborados en el marco de procesos estandarizados a nivel internacional e inclusive certificados en calidad ISO.

Cuadro. Involucrados en denuncia presentada por la CGR sobre aumento injustificado del patrimonio de funcionarios de la PN, desestimada por el Ministerio Público.