Contraloría quiere aplicar control estratégico
al presupuesto público, para hacerlo efectivo
(5 de octubre, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) planteará mañana ante sus pares de Latinoamérica la necesidad de privilegiar controles de carácter estratégico al presupuesto público, para asegurar su efectividad. Dicho planteo implica reorientar paulatinamente sus prioridades de control gubernamental (centradas por lo general en auditorías financieras) hacia el seguimiento y monitoreo de la concreción de los objetivos estratégicos nacionales y las metas trazadas. "Necesitamos construir indicadores sobre los propósitos de nuestros Estados" dice el documento que el contralor general, Octavio Airaldi, expondrá en el marco de la XIX Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que se desarrolla en Asunción esta semana.
El acto inaugural de la XIX asamblea se iniciará a las 9 hs., en la sala bicameral del Congreso Nacional. A las 10:30 hs, en el Hotel Guaraní Esplendor, será la exposición de Paraguay sobre "Presupuesto como expresión financiera de planes de desarrollo, su ejecución e impacto", a cargo del contralor Airaldi. Las contralorías de Guatemala, Colombia y Costa Rica también han enviado aportes sobre el tema, que serán debatidos mañana. A las 15 hs se iniciará la ponencia sobre el siguiente eje: "Propuesta de principios de rendición de cuentas para los países miembros de la OLACEFS", a cargo de la contralora de Costa Rica, María del Rocío Aguilar Montoya. Hasta el momento, sigue la sesión del Consejo Directivo de la OLACEFS.
Aplicar controles estratégicos al presupuesto público implica prestar especial atención a la calidad en los niveles del gasto en la administración pública y en el servicio civil; así como también sobre la calidad de los servicios públicos con relación a la satisfacción de la demanda social. La ponencia paraguaya señala que, para lograr todo ello, necesitamos construir indicadores sobre los propósitos de nuestros Estados, que proporcionen resultados apropiados, “para que las entidades públicas auditadas y la sociedad toda, estén expectantes del trabajo de nuestras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), en la convicción de que estaremos aportando un insumo de calidad y gran valor a la gestión pública”. Resalta que el control gubernamental externo requiere de planificación y coordinación en el ámbito de la administración pública y un adecuado ambiente de gobernabilidad.
Aplicar controles estratégicos al presupuesto público implica prestar especial atención a la calidad en los niveles del gasto en la administración pública y en el servicio civil; así como también sobre la calidad de los servicios públicos con relación a la satisfacción de la demanda social. La ponencia paraguaya señala que, para lograr todo ello, necesitamos construir indicadores sobre los propósitos de nuestros Estados, que proporcionen resultados apropiados, “para que las entidades públicas auditadas y la sociedad toda, estén expectantes del trabajo de nuestras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), en la convicción de que estaremos aportando un insumo de calidad y gran valor a la gestión pública”. Resalta que el control gubernamental externo requiere de planificación y coordinación en el ámbito de la administración pública y un adecuado ambiente de gobernabilidad.
A través de un documento técnico, la CGR señala que el Paraguay está pasando por una circunstancia muy particular en cuanto a la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación. “En la última década, se ha venido presentando año tras año al Congreso Nacional una copia similar de presupuestos anteriores, sin contar con las actualizaciones que respondan a políticas fiscales y de calidad para los ingresos y gastos” afirma. Indica que también se observan “los recurrentes pedidos de modificaciones y ampliaciones presupuestarias durante el proceso de ejecución del presupuesto, lo que puede deberse tanto a la debilidad en la planificación como también a defectos en el proceso de presupuestación”.
Señala que “es sabido que otras cuestiones, como la anualidad del presupuesto, limitan las posibilidades de planificación y las posibilidades de ejecución de políticas públicas”. Agrega que el presupuesto paraguayo requiere además del respaldo de un programa de gobierno que contemple los proyectos nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, como elemento atenuante de los problemas señalados. En esta tarea, las unidades estatales de planificación tienen un rol fundamental. El marco normativo, en el caso de Paraguay, ordena a la unidad de referencia (Secretaría Técnica de Planificación, STP), coordinar con el Consejo de Ministros (ministerios y secretarías) la aplicación de recursos públicos por medio de presupuestos saneados y reales que concreten los planes de desarrollo a través de la administración pública y que están destinados a satisfacer las demandas de la ciudadanía. “El monitoreo de flujo de este circuito es un punto crítico del control interno y objeto del control estratégico al que hicimos referencia. El control estratégico requiere de unidades especializadas de planificación efectivas en la estructura del Estado” sostiene.
La reorientación planteada por la CGR implica un cambio de enfoque. La CGR, dentro del marco determinado por la Constitución Nacional y su Ley Orgánica y Funcional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público. En ese contexto, “hasta hoy día, la CGR realiza exámenes especiales y/o auditorías centradas en el control gubernamental, priorizando la ejecución de auditorías financieras y de rendición de cuentas, en forma posterior a la ejecución presupuestaria de las instituciones” señala el documento. “Pensamos que esta prioridad debe ser reorientada paulatinamente hacia el seguimiento y monitoreo de la concreción de los objetivos estratégicos nacionales y las metas trazadas”, agrega. Esto, mediante indicadores que midan la efectividad de la inversión de los recursos públicos, considerando tanto la satisfacción en la entrega de los servicios públicos como la satisfacción de demandas.
Indica que, de este modo, el control gubernamental externo promoverá con eficacia el uso responsable del patrimonio público, propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la sociedad. La CGR señala que la nueva visión estratégica de control moderniza la práctica tradicional del control legal contable y aclara que realiza su planteamiento "desde el punto de vista de una EFS que actúa en un país que aún tiene grandes logros que alcanzar en el ámbito institucional". La CGR señala que el presupuesto público representa una herramienta fundamental para que un Gobierno muestre a la sociedad cuales son las políticas que piensa aplicar para el desarrollo de sus metas principales.
Señala que el principal problema latinoamericano (la desigualdad) no se encuentra entre las prioridades de la economía de hoy, que está más abocada al desarrollo de los mercados y al delineamiento macroeconómico. "La redistribución de riquezas como acción política apenas resulta reconocible en la complejidad del desenvolvimiento de los mercados financieros y de los intereses de inversión de capital, dejando a la desigualdad como problema exclusivo del Estado y a la redistribución como campo donde actores poderosos trabajan para sacar mayores porciones de la torta de crecimiento".
Señala que “es sabido que otras cuestiones, como la anualidad del presupuesto, limitan las posibilidades de planificación y las posibilidades de ejecución de políticas públicas”. Agrega que el presupuesto paraguayo requiere además del respaldo de un programa de gobierno que contemple los proyectos nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, como elemento atenuante de los problemas señalados. En esta tarea, las unidades estatales de planificación tienen un rol fundamental. El marco normativo, en el caso de Paraguay, ordena a la unidad de referencia (Secretaría Técnica de Planificación, STP), coordinar con el Consejo de Ministros (ministerios y secretarías) la aplicación de recursos públicos por medio de presupuestos saneados y reales que concreten los planes de desarrollo a través de la administración pública y que están destinados a satisfacer las demandas de la ciudadanía. “El monitoreo de flujo de este circuito es un punto crítico del control interno y objeto del control estratégico al que hicimos referencia. El control estratégico requiere de unidades especializadas de planificación efectivas en la estructura del Estado” sostiene.
La reorientación planteada por la CGR implica un cambio de enfoque. La CGR, dentro del marco determinado por la Constitución Nacional y su Ley Orgánica y Funcional, tiene por objeto velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del Estado y proteger el patrimonio público. En ese contexto, “hasta hoy día, la CGR realiza exámenes especiales y/o auditorías centradas en el control gubernamental, priorizando la ejecución de auditorías financieras y de rendición de cuentas, en forma posterior a la ejecución presupuestaria de las instituciones” señala el documento. “Pensamos que esta prioridad debe ser reorientada paulatinamente hacia el seguimiento y monitoreo de la concreción de los objetivos estratégicos nacionales y las metas trazadas”, agrega. Esto, mediante indicadores que midan la efectividad de la inversión de los recursos públicos, considerando tanto la satisfacción en la entrega de los servicios públicos como la satisfacción de demandas.
Indica que, de este modo, el control gubernamental externo promoverá con eficacia el uso responsable del patrimonio público, propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la sociedad. La CGR señala que la nueva visión estratégica de control moderniza la práctica tradicional del control legal contable y aclara que realiza su planteamiento "desde el punto de vista de una EFS que actúa en un país que aún tiene grandes logros que alcanzar en el ámbito institucional". La CGR señala que el presupuesto público representa una herramienta fundamental para que un Gobierno muestre a la sociedad cuales son las políticas que piensa aplicar para el desarrollo de sus metas principales.
Señala que el principal problema latinoamericano (la desigualdad) no se encuentra entre las prioridades de la economía de hoy, que está más abocada al desarrollo de los mercados y al delineamiento macroeconómico. "La redistribución de riquezas como acción política apenas resulta reconocible en la complejidad del desenvolvimiento de los mercados financieros y de los intereses de inversión de capital, dejando a la desigualdad como problema exclusivo del Estado y a la redistribución como campo donde actores poderosos trabajan para sacar mayores porciones de la torta de crecimiento".
