Contraloría: contratos con PDVSA son desfavorables
e ilegales, y se contraponen a acuerdo marco
e ilegales, y se contraponen a acuerdo marco
(31 de agosto, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que los términos y condiciones de pago de los cuatro contratos (a los que tuvo acceso) suscriptos entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y PDVSA Petróleos S.A. desde el 2007 son desfavorables para el Estado paraguayo. Además, constató que dichos contratos son ilegales, al incluir cláusulas no estipuladas expresamente (y que incluso se contraponen) al Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, único con aprobación del Poder Legislativo por contar con una ley de la nación. La auditoría financiera corresponde al ejercicio fiscal 2008.
De todas maneras, la CGR señala que, con o sin PDVSA, la situación financiera de PETROPAR es insostenible, debido a la administración ineficiente y deficitaria que viene arrastrando la institución y a la negligencia de sus autoridades de turno. En relación a los contratos con PDVSA, las condiciones desfavorables señaladas por la CGR se refieren a los altos intereses que deberá pagar PETROPAR en caso de cualquier atraso en el pago de su deuda. La CGR señala que es casi inevitable que PETROPAR se atrase, ya que carece de fondos suficientes para comprar combustibles y pagar su deuda a corto plazo. Y PDVSA hoy es su acreedor mayoritario.
La CGR señala que los contratos que generaron la deuda con PDVSA fijan una tasa de interés adicional del 12% anual más el 6% anual en concepto de manejo administrativo, totalizando 18%, que se contrapone a lo establecido en el acuerdo marco de Caracas (un interés del 2%). La CGR constató que tres de los contratos, además de estar al margen del acuerdo energético aprobado por el Congreso Nacional, no se encuentran fechados y uno incluso ni cuenta con la firma de las autoridades que lo suscribieron, así como con la numeración correspondiente.
La CGR señala que la causa de la insuficiencia financiera de PETROPAR es que sigue proveyendo sus productos principales a crédito, a instituciones tanto privadas como públicas que ya le deben desde hace tiempo sumas varias veces millonarias. El grueso de su cartera morosa se encuentra en el sector público, y la deuda arrastrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) representa el 80% de esa cartera.
Así, PETROPAR “vende” a crédito pero como no cobra no tiene ingresos, y como consecuencia no puede pagar su deuda. Esta situación viene siendo observada a través de las sucesivas auditorías practicadas por la CGR desde el 2005. Ese desangramiento del capital operativo obliga a PETROPAR a no pagar sus deudas financieras con sus proveedores en tiempo y forma, lo que implica que el Estado paraguayo debe absorber el sobrecosto.
La falta del capital operativo no solo tiene como causa principal las “ventas a crédito”, sino también los innumerables beneficios que continúa otorgando PETROPAR a sus funcionarios (a pesar de las reiteradas recomendaciones de la CGR); las transferencias obligatorias anuales al Ministerio de Hacienda violando su carta orgánica (que establece un porcentaje de transferencia solo en caso de que haya utilidad, hecho que no ocurre), la falta de registro de ingresos, la falta de facturaciones de la totalidad de salidas de combustibles y las entregas gratuitas de combustibles a instituciones públicas y a sus funcionarios, además de acrecentar dicha salida con precios preferenciales.
La auditoría señala que “las situaciones señaladas dejan sin capital operativo a cualquier empresa que pretenda tener continuidad en el mercado, y la limita de manera definitiva para poder enfrentar importaciones sin costos financieros que finalmente repercuten en los altos costos del producto comercializado por PETROPAR, absorbido por el Estado paraguayo”.
La deuda con los proveedores del exterior registró en el ejercicio fiscal 2008 un aumento aproximado del 50% con relación al ejercicio anterior, siendo el acreedor mayoritario PDVSA. Según los registros contables de PETROPAR, la deuda con PDVSA al 31 de diciembre de 2008 era de de más de un billón de guaraníes (Gs. 1.220.853.938.272). Como ejemplo, esta suma representa representa más del 87% del presupuesto anual asignado a los servicios de seguridad de la Nación (seguridad nacional, seguridad interior, reclusión y corrección, entre otros) y más de la mitad del presupuesto anual del “Servicio de la Deuda Pública”.
La audioría señala que los contratos vigentes desde la administración del Ing. Alejandro Takahasi fueron asumidos por el Lic. Cíbar Granada (este firmó los contratos con vigencia desde desde el 01/01/2008, aun cuando asumió con el nuevo Gobierno en agosto del 2008).
La CGR advierte que si no hay acciones correctivas de la incapacidad en la gestión de PETROPAR, se originarán “situaciones críticas con la alta probabilidad de que éstas sean irreversibles y de que se constituyan, como unas cuantas nefastas experiencias empresariales públicas, en detrimento del patrimonio del Estado paraguayo”.
Con enlace al informe completo.
Contactos:
Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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La CGR señala que los contratos que generaron la deuda con PDVSA fijan una tasa de interés adicional del 12% anual más el 6% anual en concepto de manejo administrativo, totalizando 18%, que se contrapone a lo establecido en el acuerdo marco de Caracas (un interés del 2%). La CGR constató que tres de los contratos, además de estar al margen del acuerdo energético aprobado por el Congreso Nacional, no se encuentran fechados y uno incluso ni cuenta con la firma de las autoridades que lo suscribieron, así como con la numeración correspondiente.
La CGR señala que la causa de la insuficiencia financiera de PETROPAR es que sigue proveyendo sus productos principales a crédito, a instituciones tanto privadas como públicas que ya le deben desde hace tiempo sumas varias veces millonarias. El grueso de su cartera morosa se encuentra en el sector público, y la deuda arrastrada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) representa el 80% de esa cartera.
Así, PETROPAR “vende” a crédito pero como no cobra no tiene ingresos, y como consecuencia no puede pagar su deuda. Esta situación viene siendo observada a través de las sucesivas auditorías practicadas por la CGR desde el 2005. Ese desangramiento del capital operativo obliga a PETROPAR a no pagar sus deudas financieras con sus proveedores en tiempo y forma, lo que implica que el Estado paraguayo debe absorber el sobrecosto.
La falta del capital operativo no solo tiene como causa principal las “ventas a crédito”, sino también los innumerables beneficios que continúa otorgando PETROPAR a sus funcionarios (a pesar de las reiteradas recomendaciones de la CGR); las transferencias obligatorias anuales al Ministerio de Hacienda violando su carta orgánica (que establece un porcentaje de transferencia solo en caso de que haya utilidad, hecho que no ocurre), la falta de registro de ingresos, la falta de facturaciones de la totalidad de salidas de combustibles y las entregas gratuitas de combustibles a instituciones públicas y a sus funcionarios, además de acrecentar dicha salida con precios preferenciales.
La auditoría señala que “las situaciones señaladas dejan sin capital operativo a cualquier empresa que pretenda tener continuidad en el mercado, y la limita de manera definitiva para poder enfrentar importaciones sin costos financieros que finalmente repercuten en los altos costos del producto comercializado por PETROPAR, absorbido por el Estado paraguayo”.
La deuda con los proveedores del exterior registró en el ejercicio fiscal 2008 un aumento aproximado del 50% con relación al ejercicio anterior, siendo el acreedor mayoritario PDVSA. Según los registros contables de PETROPAR, la deuda con PDVSA al 31 de diciembre de 2008 era de de más de un billón de guaraníes (Gs. 1.220.853.938.272). Como ejemplo, esta suma representa representa más del 87% del presupuesto anual asignado a los servicios de seguridad de la Nación (seguridad nacional, seguridad interior, reclusión y corrección, entre otros) y más de la mitad del presupuesto anual del “Servicio de la Deuda Pública”.
La audioría señala que los contratos vigentes desde la administración del Ing. Alejandro Takahasi fueron asumidos por el Lic. Cíbar Granada (este firmó los contratos con vigencia desde desde el 01/01/2008, aun cuando asumió con el nuevo Gobierno en agosto del 2008).
La CGR advierte que si no hay acciones correctivas de la incapacidad en la gestión de PETROPAR, se originarán “situaciones críticas con la alta probabilidad de que éstas sean irreversibles y de que se constituyan, como unas cuantas nefastas experiencias empresariales públicas, en detrimento del patrimonio del Estado paraguayo”.
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