Contraloría: CAH incumplió ley al otorgar
créditos a funcionarios públicos
créditos a funcionarios públicos
(21 de mayo, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) otorgó préstamos a funcionarios públicos y a deudores morosos del Banco Nacional de Fomento (BNF), incumpliendo la finalidad específica que le determina la ley: prestar asistencia crediticia, técnica y de organización a los agricultores de bajo nivel de ingresos. El ente contralor halló graves deficiencias de control interno que podrían comprometer el patrimonio sustentable de dicha institución. Fue en el marco de un examen especial realizado a la cartera de préstamos del CAH al 30 de junio del 2008 (Resolución CGR Nº 666/08).
El resumen ejecutivo de la CGR señala que dichas deficiencias de control interno podrían causar perjuicios al CAH en relación a sus políticas, procedimientos, evaluación, aprobación, definición de los riesgos crediticios, recuperación y morosidad. El ente contralor halló debilidades en el área de créditos y de control que permiten concluir la inadecuada gestión de los administradores del CAH, tanto en la sede central como en las gerencias operacionales y centros de atención ubicadas en Itapúa y Alto Paraná.
El CAH realizó préstamos a funcionarios públicos por valor de Gs. 9.517.367.837, más los intereses que estos pudieran generar, sin observar lo dispuesto en la Ley Nº 551/75 (carta orgánica de la institución) y del Reglamento General de Créditos. Dicha reglamentación establece que el requerimiento para ser usuario de crédito de la institución es “tener como principal medio de vida la explotación agrícola”. El CAH también concedió préstamos a deudores morosos del BNF, poniendo en riesgo los fondos propios de la institución. Esta operación está prohibida por la Ley Nº 551/75.
La CGR detectó demás que existe una omisión en la gestión de cobro administrativo de la cartera de préstamos, por un monto total de Gs. 81.238.991.934, incluyendo capital e intereses. El ente contralor advierte que “de no tomarse urgentes medidas correctivas, en el futuro ocasionaría la descapitalización del CAH, situación que haría imposible que la institución pueda contribuir al desarrollo integral de los productores rurales de bajo nivel de ingresos, que constituye la razón de su existencia”. El ente contralor también detectó gran cantidad de préstamos refinanciados que no se ajustan a las reglamentaciones correspondientes, “maquillando la cartera de préstamos del CAH al convertir préstamos morosos en vigentes temporalmente, con el fin de disminuir el peso de la cartera de morosidad en detrimento de las arcas de la institución”.
En relación a la cartera de préstamos en gestión de cobro judicial, se constató la excesiva cantidad de juicios asignados a cada profesional del derecho, lo que contribuye a dificultar la recuperación de los fondos de la institución. El resumen ejecutivo informa que numerosos juicios fueron abandonados, otros caducados, sin datos, sin montos, sin designación de abogado, etc. Además, no existe un inventario real, total y actualizado de las demandas promovidas y de la situación actual en que se encuentran.
IRREGULARIDADES EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ
Las verificaciones in situ de la CGR en las gerencias operacionales y centros de atención del CAH en Itapúa y Alto Paraná permitieron observar diversas irregularidades administrativas. En Itapúa, por ejemplo, en la mayoría de los casos no se dieron avisos de vencimiento de los créditos, no se visualizó la fecha de la realización de la verificación realizada por supervisores acerca del informe de control de fincas, se hallaron préstamos sin pagarés de respaldo, pagarés sin firma del prestarario y sus datos personales ni la firma del cónyugue, no se visualizaron documentos de tenencia de la tierra, etc.
En los centros de atención de Santa Rita, Los Cedrales, Minga Guazú y Minga Pora (alto Paraná) se dieron similares irregularidades. En relación a los pagarés, se hallaron algunos que diferían en monto y fecha de vencimiento con las resoluciones que autorizan los prétamos.
El CAH realizó préstamos a funcionarios públicos por valor de Gs. 9.517.367.837, más los intereses que estos pudieran generar, sin observar lo dispuesto en la Ley Nº 551/75 (carta orgánica de la institución) y del Reglamento General de Créditos. Dicha reglamentación establece que el requerimiento para ser usuario de crédito de la institución es “tener como principal medio de vida la explotación agrícola”. El CAH también concedió préstamos a deudores morosos del BNF, poniendo en riesgo los fondos propios de la institución. Esta operación está prohibida por la Ley Nº 551/75.
La CGR detectó demás que existe una omisión en la gestión de cobro administrativo de la cartera de préstamos, por un monto total de Gs. 81.238.991.934, incluyendo capital e intereses. El ente contralor advierte que “de no tomarse urgentes medidas correctivas, en el futuro ocasionaría la descapitalización del CAH, situación que haría imposible que la institución pueda contribuir al desarrollo integral de los productores rurales de bajo nivel de ingresos, que constituye la razón de su existencia”. El ente contralor también detectó gran cantidad de préstamos refinanciados que no se ajustan a las reglamentaciones correspondientes, “maquillando la cartera de préstamos del CAH al convertir préstamos morosos en vigentes temporalmente, con el fin de disminuir el peso de la cartera de morosidad en detrimento de las arcas de la institución”.
En relación a la cartera de préstamos en gestión de cobro judicial, se constató la excesiva cantidad de juicios asignados a cada profesional del derecho, lo que contribuye a dificultar la recuperación de los fondos de la institución. El resumen ejecutivo informa que numerosos juicios fueron abandonados, otros caducados, sin datos, sin montos, sin designación de abogado, etc. Además, no existe un inventario real, total y actualizado de las demandas promovidas y de la situación actual en que se encuentran.
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Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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