Contraloría realiza denuncia penal
contra convenio CONAVI-Redinsa
contra convenio CONAVI-Redinsa
(17 de abril, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) formuló una denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio público en el marco de la construcción de las viviendas de interés social. El perjuicio patrimonial sufrido por el Consejo Nacional de la Vicienda (CONAVI) gracias a la ilegalidad de las actuaciones desplegadas por sus autoridades totalizan Gs. 2.730.528.825. Esta suma comprende la disminución del valor del activo de la entidad y el pago del 7,5% en concepto de retribución percibida por la firma Red de Ingeniería de Servicios S.A. (REDINSA). La denuncia fue formulada ante la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del fiscal Sergio Alegre.
Los antecedentes indican que las autoridades del CONAVI y la firma REDINSA (Isacio Vallejos y el Ing. Fernando Pekholtz respectivamente), suscribieron convenios que tenían por objeto establecer la normativa para que la mencionada empresa actúe bajo la figura del “Organizador de la Demanda”, administrando los recursos financieros provenientes del Fondo de Subsidio Habitacional Directo (SHD) y destinándolos a la construcción de los Proyectos de Vivienda de Interés Social integrantes del Programa de Mejoramiento de la Comunidad “Ñande Rogará”.
En la cláusula 7 de los referidos convenios se estipulaba que el “Organizador de la Demanda” percibiría -como retribución de su gestión administrativa- el 7,5% sobre el monto de cada factura sin considerar el IVA, presentada al cobro por las contrataciones de licitación pública, licitación por concurso de ofertas o contratación directa, con cargo directo al programa o al proyecto.
En atención a los convenios implementados entre el CONAVI y REDINSA, se suscribieron un número importante de contratos destinados a la construcción de obras en diferente asentamientos a nivel nacional. Entre ellas se mencionan las obras de 14 de julio de la ciudad de Ñemby, San Roque y San Rafael de la ciudad de San Antonio, y Cocueré del Barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré.
La CGR dispuso (por resoluciones Nros. 837/07; 758/07, y 452/08) la realización de diversas labores de control y verificación in situ en los asentamientos mencionados arriba, trabajos que detectaron incumplimientos en las especificaciones técnicas en diversos rubros. Las empresas contratistas se comprometieron a realizar obras conforme a la calidad requerida por un monto de Gs. 3.284.657.322; sin embargo, los informes de los auditores de la CGR señalan que las obras verificadas no reúnen la calidad de materiales y mano de obra estipulada.
Se estima que el monto del perjuicio patrimonial al CONAVI que ascendería a la suma de Gs. 594.522.976. Además, los honorarios de los arquitectos son superiores a los que establece la Ley 1012/83 “Arancel de Honorarios de Arquitectos” generando un costo de más de Gs. 151.212.064 en cuanto a la Fiscalización de Obras, y de Gs. 131.543.155 en concepto de Servicios de Diseño Ejecutivo. El pago del 7,50% en concepto de retribución percibida por REDINSA ascendería a la suma de Gs. 1.853.250.630.
En la cláusula 7 de los referidos convenios se estipulaba que el “Organizador de la Demanda” percibiría -como retribución de su gestión administrativa- el 7,5% sobre el monto de cada factura sin considerar el IVA, presentada al cobro por las contrataciones de licitación pública, licitación por concurso de ofertas o contratación directa, con cargo directo al programa o al proyecto.
En atención a los convenios implementados entre el CONAVI y REDINSA, se suscribieron un número importante de contratos destinados a la construcción de obras en diferente asentamientos a nivel nacional. Entre ellas se mencionan las obras de 14 de julio de la ciudad de Ñemby, San Roque y San Rafael de la ciudad de San Antonio, y Cocueré del Barrio San Miguel de la ciudad de Guarambaré.
La CGR dispuso (por resoluciones Nros. 837/07; 758/07, y 452/08) la realización de diversas labores de control y verificación in situ en los asentamientos mencionados arriba, trabajos que detectaron incumplimientos en las especificaciones técnicas en diversos rubros. Las empresas contratistas se comprometieron a realizar obras conforme a la calidad requerida por un monto de Gs. 3.284.657.322; sin embargo, los informes de los auditores de la CGR señalan que las obras verificadas no reúnen la calidad de materiales y mano de obra estipulada.
Se estima que el monto del perjuicio patrimonial al CONAVI que ascendería a la suma de Gs. 594.522.976. Además, los honorarios de los arquitectos son superiores a los que establece la Ley 1012/83 “Arancel de Honorarios de Arquitectos” generando un costo de más de Gs. 151.212.064 en cuanto a la Fiscalización de Obras, y de Gs. 131.543.155 en concepto de Servicios de Diseño Ejecutivo. El pago del 7,50% en concepto de retribución percibida por REDINSA ascendería a la suma de Gs. 1.853.250.630.
