La Municipalidad de Luque deberá presentar, en el plazo de siete días hábiles, un informe técnico sobre las obras de construcción de un pozo artesiano y tanque de agua, realizados mediante recursos financieros proveídos por esa institución. La CGR solicitó toda la documentación que respalde dicha provisión y puesta en servicio, así como de sus responsables. El emplazamiento se originó en prosecución a una denuncia presentada ante el Departamento de Control Ciudadano de la CGR, por parte de los representantes de la “Comisión Vecinal Renacer”, del asentamiento San Jorge, distrito de Isla Bogado, jurisdicción de esa municipalidad.

La CGR también solicitó que, en el plazo de diez días hábiles, el TSJE presente un informe pormenorizado con relación al destino, utilización y responsable del móvil Nº 57, con chapa ALV Nº 213 del TSJE. También solicita al MOPC que, en el plazo de diez días hábiles, presente detalladamente informe sobre el destino, utilización y responsable del vehículo marca Toyota, color amarillo, tipo LX4WD, con chapa Nº 205 y numeración C-000351, con logotipo del MOPC. Las denuncias existentes acerca de mala utilización de vehículos y combustibles en Yacyretá e Itaipú ya se encuentran también en poder de la nueva Unidad de Control a Entidades Binacionales (UCEB), de la CGR.

Dichos informes fueron solicitados en atribución a la Ley 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloria General de la República” (Art.9), en concordancia con el Art. 10 que expresa; “El Contralor o quien lo sustituya, para el cumplimiento de sus funciones, podrá requerir informes a culaquier ente u oficina sometida a su control e impartir las instrucciones pertinentes en el ámbito de su competencia”. La Ley 276/ 94, Orgánica y Funcional de la CGR, también establece que “el suministro de tales informes será obligatorio para los organismos y funcionarios públicos y privados a que se refiere cada caso concreto, so pena de incurrir en encubrimiento en los casos que comprobaren ilícitos”.

CONCEJAL CON DOBLE REMUNERACIÓN

El ente contralor solicitó a la Procuraduría General de la República la implementación de medidas en el caso que corresponde al concejal departamental de Concepción, Nicolás Ocampos, debido a que el mismo es funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) y  también cumple funciones en el Hospital de Vallemí, en horario nocturno (18:00 a 06:00 hs). Al respecto, obra en la CGR la presentación de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) como funcionario del IPS, no así como concejal.

La CGR sostiene que dicho concejal se encuentra inmerso dentro de la prohibición constitucional y legal de la doble remuneración, ya que ocupa dos cargos presupuestados en la administración pública. Recuerda que la Constitución Nacional, en su Art. 105, “De la prohibición de doble remuneración”, expresa que “ninguna persona podrá recibir como funcionario o empleado público más de un sueldo o remuneración simultánea, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia”. La Carta Magna también establece en su Art. 4 que “los funcionarios o empleados públicos que perciban más de un sueldo o remuneración simultánea serán declarados cesantes con causa justificada en todos sus cargos públicos e inhábiles para la función pública por el plazo de dos años”.

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