Las autoridades responsables de los desembolsos fueron el gobernador Jorge Antonio Céspedes y el secretario de Administración y Finanzas, José Baruja Legal. Los hechos ocurrieron durante el ejercicio fiscal 2006. Según los legajos de pagos, los fondos fueron destinados en el año 2006 a 317 grupos organizados, distribuidos en 19 distritos del departamento de San Pedro. Para el desembolso utilizaron parte de las disponibilidades presupuestarias destinadas a los objetos de gastos 842 “Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro” y 871 “Transferencias de capital al sector privado”.

La Dirección de Auditoría Forense (DAF) de la CGR realizó 39 entrevistas con personas que ejercieron el cargo de presidente o tesorero de comité o agrupación. De las entrevistas realizadas, la CGR verificó que 20 representantes de comités no recibieron los fondos desembolsados por la Gobernación. Según los legajos de documentos obrantes en la Gobernación de San Pedro, estos 20 comités supuestamente fueron beneficiados con un monto global de Gs. 52.985.000. Además, 32 de las 39 personas entrevistadas afirmaron que las firmas atribuidas a ellos (incluyendo endosos en cheques) no les corresponden y que no recibieron jamás los cheques emitidos a sus nombres por las autoridades de la Gobernación.

El importe de Gs. 52.985.000 sería susceptible de un considerable incremento, en atención a que la CGR ha realizado entrevistas solamente al 12% de los comités que supuestamente fueron acreedores de la ayuda de la gobernación departamental.

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