Contraloría: DINCAP diseñó programa como
negocio y no orientado al desarrollo
negocio y no orientado al desarrollo
(8 de junio, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP) diseñó el “programa de tecnificación y diversificación de la producción campesina” como un negocio para las Centrales Privadas de Servicios de Comercialización (CPSCs) y no como un proyecto de desarrollo a productores con menos ingresos. A través de un proyecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Estado paraguayo se endeudó para “consolidar” empresas privadas que cuentan con otros canales de financiamiento para el sector privado, como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).
La DINCAP es una oficina dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El periodo auditado fue de enero de 2007 a julio del 2008 y comprende dos componentes del citado programa: desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura. Según la CGR, el diseño y el planteamiento del programa de la DINCAP fueron poco adecuados, lo cual condujo a la realización de dos modificaciones al contrato de préstamo, a la disminución de los fondos obtenidos y al atraso considerable en la ejecución del programa.
Estas modificaciones pasaron la responsabilidad de la ejecución de los componentes centrales del programa (desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura) a manos privadas de servicios, “sin establecer políticas ni delineamientos técnicos claros que comprometan a las CPSC beneficiarias a buscar no solo la obtención de los ingresos proyectados en sus planes de negocios, sino a apoyar a aquellos productores con menos ingresos, menos tecnificados y con mayores problemas de comercialización, y a dejar un know how instalado, que hagan sostenibles los resultados a a ser obtenidos por el programa”.
En cuanto a la efectividad del programa, los informes documentales hablan positivamente de la recepción del servicio, pero la verificación in situ refleja una situación muy diferente en el campo. Se ha observado que muchos de los productores que integran de los beneficiarios desconocen el programa o lo han dejado por el incumplimiento de los contratos por partes de las CPSCs.
La CGR concluye que no hubo cambios sustanciales de gestión en los beneficiarios del programa auditado: algunos pocos muestran mejoras, pero la calidad de vida de la mayoría no ha variado. Es decir, existen escasos resultados positivos dentro de la muestra verificada., situación que se debe al poco tiempo de implementación en campo (dos años), al planteamiento inadecuado del programa y a la gestión deficitaria de las CPSC y de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP/DINCAP).
Cabe destacar que ya fueron ejecutados numerosos proyectos millonarios por el MAG que no arrojaron los resultados esperados, situación que debería llamar la atención a la institución y rediseñarlos de modo que respondan a las necesidades de desarrollo del país, considerando aspectos de sustentabilidad económica, ambiental y social.
Las principales falencias que se repiten en los proyectos verificados por la CGR son: la capacitación realizada en forma masiva, impidiendo su control y resultados reales; la contratación de unidades técnicas tercerizadas que no cumplen con los requisitos necesarios y compromisos establecidos (y a las cuales no se les realiza una evaluación apropiada); la falta de planfiicación de recursos para la realización de una adecuada verificación in situ; la participación de los beneficiarios en varios proyectos (lo que impide realizar el control de los mismos y conocer sus resultados reales); la inadecuada planificación que impide la ejecución de los proyectos en el tiempo estipulado; el establecimiento de requisitos que no se pueden cumplir por no estar acordes a la realidad del país. Además, las UEPs no realizan un control efectivo, sobre todo del cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas/profesionales contratados para la ejecución de las actividades de los proyectos.
La CGR emplaza por 90 días a la DINCAP para presentar su plan de mejoramiento con las acciones correspondientes a fin de subsanar las falencias detectadas y dar cumplimiento a las recomendaciones del informe.
Estas modificaciones pasaron la responsabilidad de la ejecución de los componentes centrales del programa (desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura) a manos privadas de servicios, “sin establecer políticas ni delineamientos técnicos claros que comprometan a las CPSC beneficiarias a buscar no solo la obtención de los ingresos proyectados en sus planes de negocios, sino a apoyar a aquellos productores con menos ingresos, menos tecnificados y con mayores problemas de comercialización, y a dejar un know how instalado, que hagan sostenibles los resultados a a ser obtenidos por el programa”.
En cuanto a la efectividad del programa, los informes documentales hablan positivamente de la recepción del servicio, pero la verificación in situ refleja una situación muy diferente en el campo. Se ha observado que muchos de los productores que integran de los beneficiarios desconocen el programa o lo han dejado por el incumplimiento de los contratos por partes de las CPSCs.
La CGR concluye que no hubo cambios sustanciales de gestión en los beneficiarios del programa auditado: algunos pocos muestran mejoras, pero la calidad de vida de la mayoría no ha variado. Es decir, existen escasos resultados positivos dentro de la muestra verificada., situación que se debe al poco tiempo de implementación en campo (dos años), al planteamiento inadecuado del programa y a la gestión deficitaria de las CPSC y de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP/DINCAP).
Cabe destacar que ya fueron ejecutados numerosos proyectos millonarios por el MAG que no arrojaron los resultados esperados, situación que debería llamar la atención a la institución y rediseñarlos de modo que respondan a las necesidades de desarrollo del país, considerando aspectos de sustentabilidad económica, ambiental y social.
Las principales falencias que se repiten en los proyectos verificados por la CGR son: la capacitación realizada en forma masiva, impidiendo su control y resultados reales; la contratación de unidades técnicas tercerizadas que no cumplen con los requisitos necesarios y compromisos establecidos (y a las cuales no se les realiza una evaluación apropiada); la falta de planfiicación de recursos para la realización de una adecuada verificación in situ; la participación de los beneficiarios en varios proyectos (lo que impide realizar el control de los mismos y conocer sus resultados reales); la inadecuada planificación que impide la ejecución de los proyectos en el tiempo estipulado; el establecimiento de requisitos que no se pueden cumplir por no estar acordes a la realidad del país. Además, las UEPs no realizan un control efectivo, sobre todo del cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas/profesionales contratados para la ejecución de las actividades de los proyectos.
La CGR emplaza por 90 días a la DINCAP para presentar su plan de mejoramiento con las acciones correspondientes a fin de subsanar las falencias detectadas y dar cumplimiento a las recomendaciones del informe.
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Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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