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Contraloría considera ilegal uso de dinero
de royalties para pago de aguinaldo

(7 de abril, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) considera ilegal la utilización de fondos provenientes de royalties para el pago de gastos corrientes correspondientes al pago de aguinaldos de funcionarios de la Municipalidad de Limpio. Solicita al municipio un informe detallado con relación a la ampliación solicitada para la utilización de saldos de royalties 2007, aclarando las fuentes de financiación que deben asignarse explícitamente para la provisión de dichos recursos.

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Gobernación de Misiones no aplicó multas
a contratista de obras, según Contraloría

(7 de abril, 2009) La Gobernación de Misiones no aplicó las multas establecidas por atraso a la empresa contratista encargada de dos obras de refacción y remodelación del palacete gubernamental, generando un perjuicio patrimonial de Gs. 75.170.674. Esto fue detectado por la Contraloría General de la República (CGR) quien remitió sobre el tema un Reporte de Indicios de Hechos Punibles contra el Patrimonio a la Fiscalía General del Estado.

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Contraloría detecta que DINAC pagó de más
por sistema de climatización en aeropuerto

(8 de abril, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) halló indicios de hechos punibles contra el patrimonio en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), al verificar in situ las obras de implementación de un sistema de climatización en el Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, que incluyen una sala de bombas y depósito, alimentación eléctrica y extensión de la línea trifásica. El perjuicio patrimonial asciende a Gs. 374.814.292 y el Reporte de Indicios de Hechos Punibles contra el Patrimonio fue remitido a la Fiscalía General del Estado.

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Contraloría detecta graves irregularidades
en Municipalidad de Laureles, Ñeembucu

 

(14 de abril, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades por montos millonarios en la Municipalidad de Laureles (Ñeembucu). Libros contables que no reflejan con fidelidad las operaciones administrativas, falta de control de las recaudaciones e irregularidades en los depósitos de ingresos genuinos son algunas de ellas, además de la falta de comprobantes de ingresos de transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda y de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) por valor de Gs. 2.641.152.452. Los hallazgos fueron detectados en el marco de un examen especial a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos (Res.Nº 1333/2007) e inspección técnica a las obras públicas ejecutadas, correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 y 2006.

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Contraloría realiza denuncia penal
contra convenio CONAVI-Redinsa

(17 de abril, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) formuló una denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio público en el marco de la construcción de las viviendas de interés social. El perjuicio patrimonial sufrido por el Consejo Nacional de la Vicienda (CONAVI) gracias a la ilegalidad de las actuaciones desplegadas por sus autoridades totalizan Gs. 2.730.528.825. Esta suma comprende la disminución del valor del activo de la entidad y el pago del 7,5% en concepto de retribución percibida por la firma Red de Ingeniería de Servicios S.A. (REDINSA). La denuncia fue formulada ante la Unidad Fiscal Especializada, a cargo del fiscal Sergio Alegre.

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Contraloría denuncia a ex directora
de Aduanas ante Fiscalía General

(20 de abril, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la ex titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Margarita Díaz de Vivar, por supuestos delitos o faltas en el ejercicio de sus funciones, en un caso de defraudación y hechos irregulares que involucra a varias empresas fleteras. La denuncia de la CGR incluye a los abogados de la DNA, Edwin Vidovich Docters y Victoriano Sánchez Madsen, por allanarse totalmente a la demanda promovida por dichas empresas contra la DNA, privando al Estado Paraguayo del derecho a percibir la suma de US$ 4.300.000 en concepto de tributos evadidos y multa.