(9 de mayo, 2011) La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) pagó G. 450.000.000 a la firma QUADRA SA por un software que no fue implementado hasta la fecha, además pagó G. 150.000.000 por la licencia BPM (PECTRA) para el desarrollo de un sistema pero que tampoco fue implementado. Por otra parte, la DNA desembolsó G. 45.000.000 para la elaboración de un Código de Conducta, sin embargo no fue implementado. Estas y otras irregularidades fueron detectadas por una auditoría de gestión realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Aduanas durante el ejercicio fiscal 2008 y de enero a julio del 2009, durante las administraciones de Margarita Díaz de Vivar y Carlos Vidal Ríos, respectivamente.
La Dirección de Aduanas adquirió el 31 de diciembre de 2007, a través de un proceso de licitación, el software Work Flow, de la firma Quadra SA, por valor de 450 millones de guaraníes y cuya finalidad era la automatización e integración de los procesos de negocios de la DNA, sin embargo, el software presentó problemas de compatibilidad con los demás sistemas informáticos de la Institución, lo cual impidió su aplicación.
Asimismo, se adquirió el 5 de junio de 2008, por contratación directa por Vía de la Excepción, de la misma firma Quadra SA, por G. 150 millones, el software con licencia BPM-PECTRA, para el desarrollo de un sistema que integre el Sistema de Contabilidad (SIAF-SICO) con aplicaciones del Sistema Informático SOFIA, pero el software hasta la fecha de la redacción del presente informe tampoco fue implementado. (La CGR remitió al fiscal general del Estado el Reporte de Indicios de Hechos Punibles contra el Patrimonio relacionado a esta observación por G. 600.000.000).
Dentro del listado de contrataciones ejecutadas remitido por la DNA, correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se observó un contrato firmado entre Transparencia Paraguay y la Dirección de Aduanas por un importe de G. 45.000.000, suma que fue abonada para la elaboración de un Código de Conducta, que a la fecha del informe no fue implementado.
La auditoría de la CGR también observó falta de eficiencia por parte de Aduanas en la gestión para el cobro en concepto de Contraliquidaciones Abiertas, el importe total percibido en este concepto asciende a G. 2.182.525.722. Según los informes remitidos se constató que, del total de las contraliquidaciones abiertas en el ejercicio 2008, se cobró efectivamente el 10% de las mismas. Es decir, que de un total de G. 22.284.519.535 fueron cobrados G. 2.182.525.722.
La Dirección de Aduanas dejó de percibir intereses por depósitos no utilizados y colocados en el sistema financiero privado nacional, correspondientes a las cuentas institucionales (Recursos Propios). Es decir, la DNA dejó de percibir un interés aproximado de G. 11.172.268.280, durante el ejercicio fiscal 2008.
La DNA al cierre del ejercicio fiscal 2008 omitió registrar en sus estados contables los depósitos realizados por despachantes en cuentas habilitadas a nombre de la Institución auditada, las cuales están pendientes de afectación. El saldo pendiente observado en los Bancos con los cuales operaba la DNA y que no fueron registrados asciende a G. 48.861.778.651.
Por otra parte, la DNA no registra dentro de su Activo equipos y tecnología del sistema Sofía recibidas en donación otorgadas por el Centro de Despachantes del Paraguay a favor de la Dirección de Aduanas, en fecha 12 de marzo del 2008.
Las actuales autoridades de la DNA deberán agotar las instancias que correspondan, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa pertinente en las observaciones realizadas en el presente informe de la CGR, y en su caso determinar la aplicación de la sanción administrativa correspondiente. Por último, deberán impulsar los trámites de rigor, si a consecuencia de la investigación efectuada surgieren indicios de responsabilidad civil y penal, de los funcionarios intervinientes en el proceso observado, si correspondiere, como también contra aquellos que han dejado de ser funcionarios de la Institución auditada. Debiendo, en ambos casos, elevar las resultas de los mismos a la Contraloría, en un plazo de 90 días.
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