(20 de agosto, 2010) La Contraloria General de la República (CGR) detectó un diferencia de Gs. 2.925.540.935 entre los ingresos contabilizados y los ingresos presupuestados y ejecutados, ejercicio fiscal 2009 en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Además el presidente de la entidad en su momento, Ing. Agron. Ramón Marco Aurelio Bonzi Díaz, ha recibido en concepto de “gastos de residencia” el monto de Gs. 20.000.000. El monto abonado corresponde al período comprendido desde marzo a diciembre de 2009, tiempo que corresponde a su administración en dicho ejercicio fiscal. La entidad de control constató estos y otros hallazgos mediante la Res. CGR Nº 1464/09.
   
Bonzi Diaz fue nombrado por decreto del Poder Ejecutivo Nº 1531 de fecha 20/02/2009. La auditoria considera que dicho rubro no correspondió ser pagado, atendiendo a que el titular de la SENAVE no fue trasladado ni comisionado; el mismo fue nombrado como presidente de la institución. Tampoco se evidenció en en su legajo “certificado de vida y residencia” del periodo en que ejerció como presidente.

Entre otras irregularidades se encuentran los depositos realizados por clientes de la SENAVE por valor de Gs. 919.109.322 en concepto de pago de aranceles por servicio y cuyas facturas fueron emitidas con posterioridad a dichos depósitos.

La entidad auditora pudo comprobar además, que en el periodo tomado como muestra (setiembre a octubre de 2009) en las distintas oficinas perceptoras encargadas del cobro de los servicios del SENAVE, fueron emitidas varias facturas los días sábados (día no laboral ordinario para la entidad auditada) por un total de Gs. 13.055.930.

Sin embargo, el equipo auditor ha podido constatar que el funcionario que generó dos facturas el día sábado 24/10/09 por un total de Gs. 11.785.242, en ese día registró su entrada a las 08:10:07 y su salida a las 11:38:21 y además fue el único día sábado que concurrió al SENAVE.

A la consulta sobre cobros realizados en los días no laborales, la entidad no ha dado respuesta, lo que evidencia la falta de control que ejercen sobre los funcionarios designados como “Inspectores Oficiales Autorizados” (IOA) para las verificaciones de productos y emisores de certificaciones.

En la muestra seleccionada además se verificó que en los legajos de funcionarios que cobran bonificación por “Gastos de Residencia”, no obra la resolución de comisionamiento correspondiente. Y ninguno de los legajos contaba con “Certificado de Vida y Residencia” a la fecha de la verificación, a los efectos de evidenciar su domicilio habitual y su desarraigo correspondiente, tal como lo requiere el clasificador Presupuestario de la Ley Nº 3692/09 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para Ejercicio Fiscal 2009”.

Estos hallazgos permitió comprobar que la entidad auditada incurrió en irregularidades de registros contables e imputaciones presupuestarias realizadas, y aplicación de las normativas legales.


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