Sin embargo, el ente superior de control advierte que “respecto al contenido de los tratados, sería oportuno recurrir a las más altas instancias pertinentes, a los efectos de que estas definan en forma concluyente –y que así quede sentado como tesis oficial del Estado paraguayo- que… en ningún caso o circunstancia (el Estado paraguayo) se vería forzado a honrar las deudas que dejaron su construcción y funcionamiento, calculadas conforme a los respectivos tratados, sin llevar en cuenta otros instrumentos que no hayan sido aprobados conforme a las leyes”.

La CGR señala que esta tesis oficial del Estado paraguayo debe quedar definida en forma concluyente, a pesar de que el Ministerio de Hacienda sostiene que “en base a la ley, las deudas de las binacionales no son del Estado paraguayo” y que, sin embargo, (el Estado) es copropietario genuino de ambas represas y percibe de ellas también rentas genuinas.

El ente superior de control evidenció que la DGCP “no llevó en cuenta la situación real de los compromisos externos del Estado paraguayo al no mencionar en sus informes financieros el pasivo de los dos emprendimientos binacionales, en los términos de sus respectivos tratados, como una contingencia, sin revelar la posibilidad, aunque esta sea remota, de que el Estado se vea forzado a honrar compromisos que, en última instancia, fueron asumidos por el mismo”.

La CGR advierte que “no hay que olvidar que el Paraguay defiende con fervor la copropiedad de ambas represas y que se encuentra percibiendo rentas provenientes de las mismas en calidad de copropietario”. La entidad fiscalizadora superior recuerda que el Ministerio de Hacienda es un órgano normativo, encargado de dictar normas y procedimientos a los cuales deben ajustarse los organismos y entidades del Estado, para el registro de sus operaciones financieras y consolidar la información recibida de los mismos.

El ente superior de control recomienda al Ministerio de Hacienda, a través de la DGCP, “establecer los mecanismos financieros y técnicos tendientes a incorporar al patrimonio del Estado la copropiedad de las entidades binacionales de Itaipu y Yacyreta,  y/o revelar en notas de los estados contables la propiedad de las mismas, a fin de que el informe financiero presentado refleje una información consolidada de todos los estados contables, económicos y patrimoniales del Estado paraguayo”.

La entidad fiscalizadora superior también recomienda a Hacienda “arbitrar las medidas administrativas adecuadas tendientes a dar a esta situación un corte definitivo y confiable para todos los estamentos del Estado, y para la ciudadanía en general”. Hacienda deberá informar de estas medidas a la CGR. 

INMUEBLES DE PUERTO ZARATE y 300 MÁS NO FIGURAN EN INVENTARIO
El ente superior de control verificó además que inmuebles ubicados en Puerto Zarate, en la provincia de Buenos Aires, pertenecientes a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), luego de 13 años de contrato, siguen sin figurar en el inventario de bienes remitidos por esa empresa a la DGCP.
  
También visualizó que la DGCP no tuvo valorizados ni expuestos en el balance general consolidado del Ministerio de Hacienda 300 inmuebles que se encontraban a nombre de ANTELCO y que aún no fueron transferidos a COPACO, como también 23 inmuebles que se encontraban a nombre de CORPOSANA y que aún no fueron transferidos a ESSAP. Y que tampoco registra antecedentes de los bienes que el Estado posee en las sociedades anónimas en las que es socio mayoritario.  

La auditoría además contiene controles acerca del nivel de aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO), la Red Metropolitana del Sector Público (RMSP) y el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

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