Entre los indicios de hechos punibles, el ente superior de control verificó que el municipio no depositó sus ingresos en el plazo exigido y que, en algunos casos, incluso retuvo la recaudación entre cuatro y 21 días hábiles. Tampoco depositó lo recaudado (según los comprobantes de ingreso) por su importe íntegro: los depósitos sufrieron una reducción por valor de Gs. 17.814.971. Las recaudaciones a depositar del ejercicio fiscal 2008 totalizan la suma de Gs. 18.654.498, sin embargo en el balance general se expone la suma de Gs. 4.275.970.

Otro indicio de hecho punible constituye la impresión de 3.500 juegos de boletas para cobro de impuesto, cuya rendición de cuenta no fue efectuada. No existen registros contables de esta recaudación, por lo que el ente superior de control no pudo cuantificar el monto recaudado y no ingresado. La administración municipal además realizó diversos egresos sin respaldo, por la suma de Gs. 8.023.000.

Los indicios de hechos punibles suman con la adquisición de combustibles y lubricantes por valor de Gs. 73.160.783, sin documentación que justifique su uso. Además, el ente superior de control verificó que el municipio contrató en forma directa, por la vía de la excepción, equipo de transporte por valor de Gs. 131.827500, sin que se hayan dado las condiciones establecidas para el hecho. Las firmas All Motors S.A. y J.E. Automotores SRL, citadas como participantes del proceso, afirman no haber enviado cartas ofertas.  Otro indicio de hecho punible es el pago por obras ejecutadas de un sobreprecio de Gs. 20.800.520, según una verificación in situ realizada por el equipo auditor.

Entre las irregularidades, el ente superior de control detectó que la administración municipal no cuenta con los libros diario y mayor. Además, halló inconsistencias en los registros de la ejecución presupuestaria: el municipio remitió dos planillas con montos distintos al ente superior de control (una a pedido del equipo auditor y otra para el descargo).

Además, la administración municipal pagó Gs. 138.604.285 con imputaciones a rubros distintos a los del objeto del gasto del clasificador presupuestario, además de pagar sin documentos de respaldo Gs. 65.422.624 por servicios personales, y realizar malas imputaciones por valor de Gs. 56.492.000. También emitió cheques al portador hasta un total de Gs. 43.70.312, sin poder individualizar a los destinatarios, y adquirió combustible transgrediendo la ley de contrataciones públicas por valor de Gs. 51.575.783.

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