Contralor General solicitó al Presidente levantar trabas
para control en Itaipú, lado brasileño
para control en Itaipú, lado brasileño
(8 de junio, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) solicitó hoy al presidente Fernando Lugo que Paraguay desista de la medida cautelar solicitada en el 2004 ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que impide al país vecino auditar Itaipú en su propia margen (lado brasileño). En el marco de una audiencia mantenida con el primer mandatario, el contralor Octavio Airaldi manifestó que dicha acción permitirá a su par brasileño, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), ejercer control gubernamental en su margen de la hidroeléctrica y coordinar auditorías en cooperación con la CGR, que ya está auditando el lado paraguayo.
El Contralor General sugirió que el Estado paraguayo presente el desistimiento través de la Produraduría General de la República y la Cancillería. La iniciativa de la CGR es resultado de las conversaciones bilaterales sostenidas por el máximo ente contralor de Paraguay con representantes del TCU de Brasil, durante la XV Reunión del Grupo de Coordinación de las Entidades Fiscalizadoras de los países del Mercosur y asociados (EFSUR), realizada recientemente en Brasilia. Uno de los temas principales de la agenda propiciada por la CGR fue la posibilidad de realización de auditorías conjuntas a Itaipú y Yacyreta.
En el 2004, la República del Paraguay reclamó “usurpación de competencia originaria” al Supremo Tribunal Federal del Brasil, solicitando la suspensión de las acciones promovidas por el Ministerio Público del vecino país orientadas a que el TCU ejerza control sobre la binacional, margen izquierda. La presentación paraguaya esgrimió como argumentos “el cumplimiento del tratado y razones de soberanía” entre otros, según una nota remitida por la CGR al Presidente de la República en ejercicio (Nota CGR nº 3090).
Dicha acción solicitó y logró el otorgamiento de una medida de carácter suspensivo de las acciones en curso (febrero de 2005) interrumpiendo la obligación de control del TCU del Brasil en su propia margen. La nota sostiene que dicha acción “no se muestra coherente con las políticas y gestiones emprendidas por el Gobierno paraguayo, de las acciones de control ejercidas y solicitadas” a la CGR y a la vocación de facilitar el control por parte del TCU del Brasil.
La CGR sostiene que cinco acciones fueron promovidas (cuatro por el Ministerio Público y una por la Colonia de Pescadores Z139) y atacadas, en un mismo escrito, por el abogado Luis Edzon Fachin, en representación de la República del Paraguay, con mandato otorgado por el entonces Procurador General. Las diligencias promovidas por el Ministerio Público brasileño en ese entonces apuntaban a que Itaipú debía subordinarse al Derecho Público (Constitución Federal, Ley de Licitaciones y Contratos, Carta Magna y el artículo XIX del tratado).
La subordinación de Itaipú al Derecho Público implicaba, en ese sentido, “la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial; además de todos los actos, cuentas y contratos de Itaipú Binacional, en lo que respecta a la margen izquierda de acuerdo a la Constitución Federal”.
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En el 2004, la República del Paraguay reclamó “usurpación de competencia originaria” al Supremo Tribunal Federal del Brasil, solicitando la suspensión de las acciones promovidas por el Ministerio Público del vecino país orientadas a que el TCU ejerza control sobre la binacional, margen izquierda. La presentación paraguaya esgrimió como argumentos “el cumplimiento del tratado y razones de soberanía” entre otros, según una nota remitida por la CGR al Presidente de la República en ejercicio (Nota CGR nº 3090).
Dicha acción solicitó y logró el otorgamiento de una medida de carácter suspensivo de las acciones en curso (febrero de 2005) interrumpiendo la obligación de control del TCU del Brasil en su propia margen. La nota sostiene que dicha acción “no se muestra coherente con las políticas y gestiones emprendidas por el Gobierno paraguayo, de las acciones de control ejercidas y solicitadas” a la CGR y a la vocación de facilitar el control por parte del TCU del Brasil.
La CGR sostiene que cinco acciones fueron promovidas (cuatro por el Ministerio Público y una por la Colonia de Pescadores Z139) y atacadas, en un mismo escrito, por el abogado Luis Edzon Fachin, en representación de la República del Paraguay, con mandato otorgado por el entonces Procurador General. Las diligencias promovidas por el Ministerio Público brasileño en ese entonces apuntaban a que Itaipú debía subordinarse al Derecho Público (Constitución Federal, Ley de Licitaciones y Contratos, Carta Magna y el artículo XIX del tratado).
La subordinación de Itaipú al Derecho Público implicaba, en ese sentido, “la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial; además de todos los actos, cuentas y contratos de Itaipú Binacional, en lo que respecta a la margen izquierda de acuerdo a la Constitución Federal”.
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