Contraloría pide al Ejecutivo nacional levantar trabas
para que TCU de Brasil audite Itaipú
 
De izq. a der. La titular de la Auditoría General Argentina (AGN), Vila Castells; el contralor general de Paraguay, Octavio Airaldi; el representante de la Corte de Cuentas de Honduras; el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva; y el ministro del Tribunal de la Unión (TCU) del Brasil, Augusto Nardes.
 
(1º de junio, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) solicitó hoy al Poder Ejecutivo nacional levantar las trabas que la propia República del Paraguay promovió en el 2004 para obstaculizar el control gubernamental brasileño a la margen izquierda de Itaipú, que debería haber sido realizado a través del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), entidad fiscalizarora superior del vecino país. La CGR pide la intervención de la diplomacia paraguaya en coordinación con la Procuraduría General de la República para levantar la acción que promovió la medida suspensoria, de modo a coordinar auditorías en cooperación entre ambas márgenes.

 

La iniciativa de la CGR es resultado de las conversaciones bilaterales sostenidas por el máximo ente contralor de Paraguay con representantes del TCU de Brasil, durante la XV Reunión del Grupo de Coordinación de las Entidades Fiscalizadoras de los países del Mercosur y asociados (EFSUR), realizada la semana pasada en Brasilia. Uno de los temas principales de la agenda propiciada por la CGR fue la posibilidad de realización de auditorías conjuntas a Itaipú y Yacyreta. La delegación paraguaya estuvo encabezada por el contralor general, Octavio Airaldi; e integrada por la secretaria general de la CGR, Lourdes Ferreira, y la directora general de Control de la Administración Central, Benita Jara.


En el 2004, la República del Paraguay reclamó “usurpación de competencia originaria” al Supremo Tribunal Federal del Brasil, solicitando la suspensión de las acciones promovidas por el Ministerio Público del vecino país orientadas a que el TCU ejerza control sobre la binacional, margen izquierda. La presentación paraguaya esgrimió como argumentos “el cumplimiento del tratado y razones de soberanía” entre otros, según la nota remitida hoy por la CGR al Presidente de la República en ejercicio (Nota CGR nº 3090).

Dicha acción solicitó y logró el otorgamiento de una medida de carácter suspensivo de las acciones en curso (febrero de 2005) interrumpiendo la obligación de control del TCU del Brasil en su propia margen. La nota sostiene que dicha acción “no se muestra coherente con las políticas y gestiones emprendidas por el Gobierno paraguayo, de las acciones de control ejercidas y solicitadas” a la CGR y a la vocación de facilitar el control por parte del TCU del Brasil.

La CGR sostiene que cinco acciones fueron promovidas (cuatro por el Ministerio Público y una por la Colonia de Pescadores Z139) y atacadas, en un mismo escrito, por el abogado Luis Edzon Fachin, en representación de la República del Paraguay, con mandato otorgado por el entonces Procurador General. Las diligencias promovidas por el Ministerio Público brasileño  en ese entonces apuntaban a que Itaipú debía subordinarse al Derecho Público (Constitución Federal, Ley de Licitaciones y Contratos, Carta Magna y el artículo XIX del tratado).

La subordinación de Itaipú al Derecho Público implicaba, en ese sentido, “la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial; además de todos los actos, cuentas y contratos de Itaipú Binacional, en lo que respecta a la margen izquierda de acuerdo a la Constitución Federal”.

SOLICITUD DE INFORMES A LA PROCURADURÍA
La CGR también solicitó hoy a la Procuraduría General de la República (a través de la Nota Nº 3091), informe sobre las gestiones realizadas por el abogado Luis Edzon Fachin en representación de nuestro país.  Se solicita informe sobre las acciones supra individualizadas, incluyendo copia del poder otorgado y de la documentación anexa a las peresentaciones realizadas en la República Federativa del Brasil.

Para noviembre de este año, la CGR tiene previsto realizar el II Seminario Internacional de Auditoría a las Hidroeléctricas Binacionales. En dicho evento, se prevé que técnicos y autoridades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los estados socios realicen una evaluación de la situación y el grado de transparencia de la administración del patrimonio público.

Enlace a la nota 3090.

Enlace a la nota 3091.

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