Contraloría constata deficiente gestión
de programa “Tekoporâ”, de la SAS
de programa “Tekoporâ”, de la SAS
(21 de julio, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que existe una deficiente gestión en la implementación del Programa “Tekoporâ” de la Secretaría de Acción Social (SAS). Dicha conclusión es resultado de una auditoría de gestión y examen especial a la ejecución presupuestaria de dicho programa, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. Según la CGR, la deficiente gestión hizo que el programa de la SAS no logre sus objetivos específicos, a pesar de haber ejecutado el 78% de su presupuesto. Por el contrario, la incidencia de pobreza extrema (tanto rural como urbana) ha aumentado desde el 2005, coincidentemente con la implementación de “Tekoporá”.
Los datos referentes a la evolución de la incidencia de la población en extrema pobreza corresponden al Informe sobre Indicadores de Pobreza de la Encuesta Permanente de Hogares 2007 (EPH), elaborado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). Algunos nombres de las autoridades de la SAS que han ejecutado el programa “Tekoporâ” (ejercicio fiscal 2007) son: Judith Andraschko, César Penayo Solaeche, Nieve Eva Ponce de León, César Segovia Villasanti, Nancy del Carmen Acosta, Jorge Manuel Centurión, Fulvia Eustaquia Brítez, Rodolfo Duarte Rottondo, Amancio Abel Florentín, Juan Carlos Melgarejo Ruiz Díaz, entre otros.
La auditoría de la CGR evidencia la existencia de injerencias y/o presiones políticas a cambio de los subsidios entregados a beneficiarios del programa, según testimonios de los mismos. Al respecto, 16 personas han manifestado recibir presiones por parte de distintos actores políticos (intendentes, diputados, etc) e inclusive del personal técnico del programa (guías familiares y supervisores departamentales). Las presiones incluyen amenazas a las familias, inclusive, con perder el derecho al subsidio (aporte) si no votaban por tal o cual movimiento de un partido político, la Asociación Nacional Republicana (ANR). Incluso se constató que concejales municipales han sido incluidos como beneficiarios, siendo miembros del comité de revisión del programa.
La auditoría también evidenció deficiencias en la selección de familias ingresadas al programa como beneficiarias. Así, personas “con suficiencia económica”, consideradas no elegibles por no corresponder a hogares en extrema pobreza, han cobrado desde el 2005. Una situación similar se da con la selección de familias que no tienen hijos menores de 14 años (requisito indispensable para ingresar al programa) y por lo tanto no podían haber sido elegibles.
También se han detectado pagos dobles a una misma persona (hogar), lo cual refleja que los datos que contiene el sistema informático no son confiables y constituye un riesgo potencial sobre el destino de dichos pagos. También se han evidenciado serias irregularidades en el sistema informático de la Red de Protección y Promoción Social (RPPS) de la SAS: duplicaciones de beneficiarios pero con la asignación de un código de hogar diferente, números de cédula que no corresponden a la identidad de las personas, entre otras.
La implementación del Tekopora auditada por la CGR representa un universo económico total de Gs. 23.766.218.067, con una ejecución del 78%: es decir, Gs. 18.630.997.159.
Los objetivos específicos del programa “Tekoporá” son: suplementar el ingreso para mejorar la alimentación y nutrición de las familias en extrema pobreza, aumentar el cuidado de niñas, niños y mujeres embarazadas, aumentar la matrícula, reinserción escolar y reducir la deserción de los alumnos de la Educación Escolar Básica (EEB). También impulsar los cambios de comportamiento y la valoración de la inversión familiar en el desarrollo y fortalecimiento del capital humano y social de sus miembros; e incentivar y promover la utilización de la oferta de servicios públicos.
Enlace al informe final
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Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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La auditoría de la CGR evidencia la existencia de injerencias y/o presiones políticas a cambio de los subsidios entregados a beneficiarios del programa, según testimonios de los mismos. Al respecto, 16 personas han manifestado recibir presiones por parte de distintos actores políticos (intendentes, diputados, etc) e inclusive del personal técnico del programa (guías familiares y supervisores departamentales). Las presiones incluyen amenazas a las familias, inclusive, con perder el derecho al subsidio (aporte) si no votaban por tal o cual movimiento de un partido político, la Asociación Nacional Republicana (ANR). Incluso se constató que concejales municipales han sido incluidos como beneficiarios, siendo miembros del comité de revisión del programa.
La auditoría también evidenció deficiencias en la selección de familias ingresadas al programa como beneficiarias. Así, personas “con suficiencia económica”, consideradas no elegibles por no corresponder a hogares en extrema pobreza, han cobrado desde el 2005. Una situación similar se da con la selección de familias que no tienen hijos menores de 14 años (requisito indispensable para ingresar al programa) y por lo tanto no podían haber sido elegibles.
También se han detectado pagos dobles a una misma persona (hogar), lo cual refleja que los datos que contiene el sistema informático no son confiables y constituye un riesgo potencial sobre el destino de dichos pagos. También se han evidenciado serias irregularidades en el sistema informático de la Red de Protección y Promoción Social (RPPS) de la SAS: duplicaciones de beneficiarios pero con la asignación de un código de hogar diferente, números de cédula que no corresponden a la identidad de las personas, entre otras.
La implementación del Tekopora auditada por la CGR representa un universo económico total de Gs. 23.766.218.067, con una ejecución del 78%: es decir, Gs. 18.630.997.159.
Los objetivos específicos del programa “Tekoporá” son: suplementar el ingreso para mejorar la alimentación y nutrición de las familias en extrema pobreza, aumentar el cuidado de niñas, niños y mujeres embarazadas, aumentar la matrícula, reinserción escolar y reducir la deserción de los alumnos de la Educación Escolar Básica (EEB). También impulsar los cambios de comportamiento y la valoración de la inversión familiar en el desarrollo y fortalecimiento del capital humano y social de sus miembros; e incentivar y promover la utilización de la oferta de servicios públicos.
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