Desigual distribución de beneficios a comunidades indígenas y campesinas, según Contraloría

(26 de junio, 2013)  La Contraloría General de la República (CGR) realizó un examen especial al proceso de rendición de cuentas de los fondos transferidos por la Entidad Itaipú Binacional a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI), en cumplimiento a los términos de los convenios suscritos entre ambas instituciones. En cuanto a la ejecución del  convenio “Proyecto de Seguridad Alimentaria”, que insumió el equivalente de US$ 3.324.895, se constató que la distribución de los beneficios, tales como víveres, insumos e implementos agrícolas a comunidades indígenas y campesinas no fue uniforme ni equitativa.

Igualmente, se evidenció la existencia de nombres de personas de distintas comunidades indígenas y campesinas de quienes la Fundación no cuenta con la fotocopia de sus cédulas de identidad ni otro documento que los identifique. Esta situación dificulta a la Entidad dar evidencias del correcto uso de los fondos desembolsados por Itaipú y demostrar fehacientemente que los mismos llegaron al destino propuesto.

La Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay fue creada como una persona jurídica de Derecho Privado, denominada “Asociación Civil sin Fines de Lucro”, lo que permite a la Fundación percibir flujo de fondos públicos de Itaipú Binacional, rigiéndose exclusivamente por las normas del Derecho Privado, dejando de lado las normas jurídicas de orden público que establecen parámetros de rendición de cuentas para esos fondos, sin someterse al control de ningún organismo nacional autónomo. Sin embargo, el artículo 283, inciso 5) de la Constitución Nacional, habilita a la Contraloría General de la República a requerir informes sobre los fondos públicos a cualquier entidad, pública o privada, que los utilice

En cuanto al Convenio Nº 4500016372/10, “Proyecto de Seguridad Alimentaria para Comunidades Indígenas y Campesinas” – que fue el único que esta Auditoría pudo analizar en detalle – se ha podido comprobar la forma en que un grupo de personas, seleccionadas por las autoridades de la Itaipú Binacional, margen derecha, quién sabe con qué criterios – no precisamente la idoneidad o la capacidad administrativa, ni el conocimiento especializado sobre el tema – fue dotado de cuantiosos recursos – US$ 3.324.895,44 –  para ser invertidos, sin reglas claras ni cercana supervisión del financista.
 
El grupo seleccionado por los funcionarios de ITAIPÚ para la ejecución de este ambicioso proyecto estuvo conformado por personas de – aparentemente – excelente preparación, pero de visiblemente nula experiencia en la materia específica de asistencia social o del trabajo con comunidades indígenas y campesinas de escasos recursos.

El personal de la FPTI incurrió en innumerables irregularidades administrativas consideradas graves, las que han sido clara y puntualmente expuestas en el informe y cuya responsabilidad por esos actos es personal e indelegable y debe ser solidariamente compartida con los funcionarios de ITAIPÚ.

Por no haber tenido acceso a la evaluación oficial realizada por la ITAIPÚ respecto al resultado de la ejecución del Convenio Nº 4500016372/10, “Proyecto de Seguridad Alimentaria para Comunidades Indígenas y Campesinas” – si acaso tal evaluación existiere realmente – el equipo auditor no puede opinar sobre el resultado final de este Proyecto,  pero, resultó evidente que las metas propuestas no fueron alcanzadas.

El Estado paraguayo, en el pleno ejercicio de su soberanía, debería arbitrar mecanismos legales para prohibir a cualquier Institución Pública recibir recursos de las Binacionales que no hayan sido incorporados previamente al Presupuesto General de la Nación, prohibiéndoles, además, la realización de cualquier inversión, de cualquier clase y en el concepto que sea, dentro del territorio nacional.

En el período auditado fue Presidente de la República el señor Fernando Lugo Mendez; Directores de la Itaipú Binacional, señores Mateo Balmelli, Gustavo Codas y Efraín Enríquez Gamón. La Directora Ejecutiva de la Fundación Parque Tecnológico fue la ingeniera Rocío Robledo  Yugueros.

Como Personal Superior Ejecutivo se desempeñaron: Director Ejecutivo, Calixto Ramón Saguier González; Directores Técnicos, José Bogarín y Hugo Franco Paats; Director Administrativo Financiero, Ricardo Villalba Santacruz; Gerente General, Norma Morales Dávalos; Gerente de Servicios Generales, Ernesto Fabián Perinciolo; Gerente de Recursos Humanos,  Norma Zelaya Sotelo, Alejandro Benítez, Rossana Sosa de Gménez y Rubén Suárez; Gerente Administrativo Financiero, Ubaldino Galeano, Zunilda Brítez de Cabrera y Natalia Rodríguez Boungermini.

Enlace al Informe Final

Gacetilla Nº 33/2013 elaborada por:
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