En ese sentido, textualmente la CGR señala que “la entidad portuaria estatal deberá dar estricto cumplimiento a dicho plazo sin la posibilidad de considerar eventuales solicitudes de prórrogas por parte de la firma adjudicada”. El dictamen indica que, en el caso de no cumplir con dicho requisito dentro del plazo indicado, se deberá aplicar lo previsto en el pliego de bases y condiciones (sección 9, términos de referencia, artículo 33) que determina: “vencido el plazo para la obtención de la habilitación técnica exigida, sin haberla obtenida, se rescindirá el contrato automáticamente y sin más trámites, se pasará a negociar con el segundo oferente que hubiera presentado la mejor oferta”.

La firma Labhoro Servicios Marítimos LTDA fue la única oferente que contaba con la licencia que habilita operar en la zona franca del puerto de Paranaguá y Antonina. Sin embargo, la Comisión de Evaluación de Ofertas de la ANNP determinó que la firma GICAL fue la única que presentó la totalidad de la documentación en la forma requerida por el pliego, formalizando posteriormente el respectivo contrato.

A tal efecto, y atendiendo a que el plazo de 90 días hábiles para la obtención de la licencia se encuentra vencido, constituye responsabilidad de las autoridades de la entidad portuaria estatal aplicar lo previsto en el pliego de bases y condiciones, señala el ente contralor (ver Nota CGR nº 4152, remitida hoy a la ANNP).

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