Contraloría objeta 64% del presupuesto de SAS para
compra de tierras y construcción de viviendas
compra de tierras y construcción de viviendas
(04 de Diciembre, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) objeta el 64% del presupuesto de la Secretaría de Acción Social (SAS) destinado a compra de tierras y construcción de viviendas, ejecutado del 1º de enero al 25 de julio de 2008. Se trata de Gs. 45.265.531.541, objetados por el ente contralor por diversas deficiencias e irregularidades registradas en el marco de los subprogramas de regularización de asentamientos, construcción de viviendas y Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), Mercosur Hábitat. El estudio de varios de estos hallazgos está siendo profundizado para su eventual remisión al Ministerio Público.
En el subprograma 1, “Tierras”, la auditoría detectó adquisición de fincas sin fundamento (no existía ocupación de personas) por un valor de Gs. 12.998.629.497. La CGR también halló que la SAS pagó de más Gs. 6.533.133.117 por varias tierras que años antes (máximo tres años atrás) habían sido adquiridas por sus propietarios por importes significativamente inferiores (total Gs. 525.000.000). (ver páginas 21, 22 y 23 del informe final)
También detectó presumible injerencia política al momento de la adquisición de fincas, por valor de Gs. 1.811.933.420, según documento remitido por la SAS (ver cuadro página 18 del informe final). La SAS también pagó de más Gs. 830.586.198 por incumplir la Ley 2.051/03 y por no haber descontado superficies destinadas a la línea de alta tensión de la ANDE, calles, plazas y esterales. La CGR también descubrió un excedente no ocupado de tierras (seis fincas visitadas) por valor de Gs. 1.765.053.713, de 346.386 m2, donde pueden vivir 1.000 familias es decir, 3.000 personas a razón de tres por familia.
En el subprograma 2, “Construcción de Viviendas”, la CGR además detectó la construcción de 287 viviendas en inmuebles que aún no se encuentran a nombre de la SAS (por un total de Gs. 8.797.180.000), con el agravante que en algunos casos ni siquiera se han iniciado gestiones para su inscripción (ver cuadro en página 99 del informe final). La CGR detectó serias deficiencias (por valor de Gs. 2.958.500.000) en la construcción de viviendas a menos de tres meses de su culminación y entrega a los beneficiarios.
En el subprograma 3, “FOCEM Mercosur Hábitat”, la CGR además halló irregularidades por Gs. 26.325.000.000 en la adjudicación de la Licitación Pública Internacional Nº 1/07, adjudicada al Consorcio Ñande Rogará, debido a que todos sus miembros poseían deudas con el fisco. También detectó incumplimiento del Consorcio Tavapy (por valor de Gs. 5.146.884.028), debido al desconocimiento de las condiciones topográficas del terreno en donde se debían de construir las viviendas para el asentamiento Mariscal Francisco Solano López (Alto Paraná). La auditoría además halló irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas por los consorcios Ñande Rogará y Tavapy (por valor de Gs. 1.361.114.750), ya que facturas de varias empresas cuentan presumiblemente con idénticos rasgos caligráficos (ver páginas152 al 155 del informe final).
La nómina de autoridades de la SAS del periodo auditado está integrada por Judith Andrashko Unzaín (ministra), Eduardo Luis Mercado Pesoa, Gustavo F. Melgarejo Almada, Francisco Librado Enciso Cantero, Vicente Epifanio Acuña, Estanislao Arce López, Rodrigo Antonio Lezcano Flores, Jorge Díaz de Bedoya y Víctor Albino Dacak Sanabria.
A fin de dimensionar el monto objetado, la CGR elaboró un catálogo de posibilidades de inversión de manera referencial sobre qué pudo adquirir la SAS con Gs. 45.265.531.541. Así, el monto objetado equivale a 13.007 familias beneficiarias por un año a través del Programa Tekoporá (Gs. 290.000 por familia) o a la adquisición de 1.462 viviendas construidas a Gs. 30.955.000 cada una (precio pagado por la institución en el periodo auditado):
MÁS IRREGULARIDADES
La CGR además detectó que no se han firmado contratos entre la SAS y los beneficiarios de las tierras por las fincas adquiridas: esto refleja que la SAS no ha percibido importe alguno en concepto de pago de cuotas por las tierras ocupadas por cada beneficiario. El importe total de las fincas adquiridas en el marco del periodo auditado asciende a Gs. 39.410.428.627. También se detectó que beneficiarios de las tierras están abonando sumas de dinero a organizaciones por la ocupación de la tierra, estando prohibida toda comercialización sobre terrenos adjudicados (como transferencias, usufructos, arrendamientos, etc.). Se trata de la Central de Acciones Comunitarias y Sociales (CEACOSAP) y la Asociación Alianza Cristiana y Acción Social Hábitat Paraguay (ACASHP). El valor de estas tierras adquiridas por la SAS asciende a Gs. 962.075.150.
Además, la SAS adquirió una finca por Gs. 371.946.000 para asentamiento humano en la margen del río Monday, incumpliendo disposiciones legales ambientales. También se detectó el incumplimiento del artículo 1 de la Resolución Nº 084/2007 (requisitos para la regularización de asentamientos), debido a que determinados legajos no cuentan con planillas de censos de ocupantes de tierras adquiridas por la SAS. Se trata de 539.181 metros cuadrados de superficie adquirida, que equivalen a Gs. 1.565.155.294.
En relación a la construcción de viviendas, se detectó el incumplimiento del pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública 04/07, debido a la falta de provisión de actas de recepción definitiva de obras anteriores por parte de las empresas Tekoverá y Cedes Hábitat, no debiendo ser adjudicadas las mismas. El total de la adjudicación fue de Gs. 19.367.500.000. También se detectaron irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas por la Asociación Tekovera, ya que documentos respaldatorios de varias empresas cuentan presumiblemente con idénticos rasgos caligráficos (facturas por Gs. 503.875.718). No obstante, el importe consolidado de dichas empresas que proveyeron bienes y/o servicios a Tekoverá asciende a Gs. 1.902.319.793.
En relación al FOCEM, se detectó la devolución tardía de anticipo financiero de Gs. 489.953.983 por parte del Consorcio Tavapy (ocho meses), ya que las viviendas no fueron construidas en el asentamiento Mariscal López, de Ciudad del Este (CDE). También se observó la falta de habilitación exigida por la Secretaría del Ambiente (SEAM) para la construcción de las viviendas en los asentamientos, cuyo trámite debió ser realizado por los consorcios Ñande Rogara y Tavapy.
Enlace al informe final.
Contactos:
Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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También detectó presumible injerencia política al momento de la adquisición de fincas, por valor de Gs. 1.811.933.420, según documento remitido por la SAS (ver cuadro página 18 del informe final). La SAS también pagó de más Gs. 830.586.198 por incumplir la Ley 2.051/03 y por no haber descontado superficies destinadas a la línea de alta tensión de la ANDE, calles, plazas y esterales. La CGR también descubrió un excedente no ocupado de tierras (seis fincas visitadas) por valor de Gs. 1.765.053.713, de 346.386 m2, donde pueden vivir 1.000 familias es decir, 3.000 personas a razón de tres por familia.
En el subprograma 2, “Construcción de Viviendas”, la CGR además detectó la construcción de 287 viviendas en inmuebles que aún no se encuentran a nombre de la SAS (por un total de Gs. 8.797.180.000), con el agravante que en algunos casos ni siquiera se han iniciado gestiones para su inscripción (ver cuadro en página 99 del informe final). La CGR detectó serias deficiencias (por valor de Gs. 2.958.500.000) en la construcción de viviendas a menos de tres meses de su culminación y entrega a los beneficiarios.
En el subprograma 3, “FOCEM Mercosur Hábitat”, la CGR además halló irregularidades por Gs. 26.325.000.000 en la adjudicación de la Licitación Pública Internacional Nº 1/07, adjudicada al Consorcio Ñande Rogará, debido a que todos sus miembros poseían deudas con el fisco. También detectó incumplimiento del Consorcio Tavapy (por valor de Gs. 5.146.884.028), debido al desconocimiento de las condiciones topográficas del terreno en donde se debían de construir las viviendas para el asentamiento Mariscal Francisco Solano López (Alto Paraná). La auditoría además halló irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas por los consorcios Ñande Rogará y Tavapy (por valor de Gs. 1.361.114.750), ya que facturas de varias empresas cuentan presumiblemente con idénticos rasgos caligráficos (ver páginas152 al 155 del informe final).
La nómina de autoridades de la SAS del periodo auditado está integrada por Judith Andrashko Unzaín (ministra), Eduardo Luis Mercado Pesoa, Gustavo F. Melgarejo Almada, Francisco Librado Enciso Cantero, Vicente Epifanio Acuña, Estanislao Arce López, Rodrigo Antonio Lezcano Flores, Jorge Díaz de Bedoya y Víctor Albino Dacak Sanabria.
A fin de dimensionar el monto objetado, la CGR elaboró un catálogo de posibilidades de inversión de manera referencial sobre qué pudo adquirir la SAS con Gs. 45.265.531.541. Así, el monto objetado equivale a 13.007 familias beneficiarias por un año a través del Programa Tekoporá (Gs. 290.000 por familia) o a la adquisición de 1.462 viviendas construidas a Gs. 30.955.000 cada una (precio pagado por la institución en el periodo auditado):
MÁS IRREGULARIDADES
La CGR además detectó que no se han firmado contratos entre la SAS y los beneficiarios de las tierras por las fincas adquiridas: esto refleja que la SAS no ha percibido importe alguno en concepto de pago de cuotas por las tierras ocupadas por cada beneficiario. El importe total de las fincas adquiridas en el marco del periodo auditado asciende a Gs. 39.410.428.627. También se detectó que beneficiarios de las tierras están abonando sumas de dinero a organizaciones por la ocupación de la tierra, estando prohibida toda comercialización sobre terrenos adjudicados (como transferencias, usufructos, arrendamientos, etc.). Se trata de la Central de Acciones Comunitarias y Sociales (CEACOSAP) y la Asociación Alianza Cristiana y Acción Social Hábitat Paraguay (ACASHP). El valor de estas tierras adquiridas por la SAS asciende a Gs. 962.075.150.
Además, la SAS adquirió una finca por Gs. 371.946.000 para asentamiento humano en la margen del río Monday, incumpliendo disposiciones legales ambientales. También se detectó el incumplimiento del artículo 1 de la Resolución Nº 084/2007 (requisitos para la regularización de asentamientos), debido a que determinados legajos no cuentan con planillas de censos de ocupantes de tierras adquiridas por la SAS. Se trata de 539.181 metros cuadrados de superficie adquirida, que equivalen a Gs. 1.565.155.294.
En relación a la construcción de viviendas, se detectó el incumplimiento del pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública 04/07, debido a la falta de provisión de actas de recepción definitiva de obras anteriores por parte de las empresas Tekoverá y Cedes Hábitat, no debiendo ser adjudicadas las mismas. El total de la adjudicación fue de Gs. 19.367.500.000. También se detectaron irregularidades en las rendiciones de cuentas presentadas por la Asociación Tekovera, ya que documentos respaldatorios de varias empresas cuentan presumiblemente con idénticos rasgos caligráficos (facturas por Gs. 503.875.718). No obstante, el importe consolidado de dichas empresas que proveyeron bienes y/o servicios a Tekoverá asciende a Gs. 1.902.319.793.
En relación al FOCEM, se detectó la devolución tardía de anticipo financiero de Gs. 489.953.983 por parte del Consorcio Tavapy (ocho meses), ya que las viviendas no fueron construidas en el asentamiento Mariscal López, de Ciudad del Este (CDE). También se observó la falta de habilitación exigida por la Secretaría del Ambiente (SEAM) para la construcción de las viviendas en los asentamientos, cuyo trámite debió ser realizado por los consorcios Ñande Rogara y Tavapy.
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