(29 de junio, 2020) En la mañana de hoy se realizó una primera mesa de trabajo referente a las declaraciones juradas publicadas recientemente. El encuentro tuvo lugar en la sede central de la Fiscalía General del Estado. Del encuentro participaron la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez; el Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana; el viceministro de Tributación, Óscar Orué, y fiscales de Delitos Económicos. La reunión se realizó con el objetivo de trazar líneas de trabajo relativas a los análisis y exámenes de las declaraciones juradas.

La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, señaló: “Se propició esta primera mesa de trabajo a fin de coordinar acciones con las demás instituciones, como la Contraloría General de la República, el Viceministerio de Tributación y la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación; el tiempo establecido no significa impunidad, sino que esos informes sean eficaces, resaltando que en todos los casos se agotarán las líneas investigativas. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”.

A su vez, el Contralor General de la República, Dr. Camilo Benítez, señaló: “Se deben acordar criterios objetivos a fin de establecer parámetros. Esta mesa de trabajo será determinante para unificar esos criterios en los controles cruzados, a la hora de valorar hechos como enriquecimiento ilícito. Buscamos no cometer los errores del pasado, como enviar dictámenes que luego sean rechazados por el Ministerio Público por no contener los datos necesarios o no estar basados en la misma línea de investigación penal, sino que sean informes eficaces”. Sobre el tiempo estimado, el Contralor explicó: "Estos análisis serán sumados al planeamiento anual de la Contraloría, más aquellos pedidos de otras investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre denuncias abiertas anteriormente, que están en curso y son como 40 causas. Ahora se suma la lista que enviará la Subsecretaría de Tributación, pero pondremos todo nuestro esfuerzo en luchar contra la impunidad, como dijo la Fiscal General del Estado”.

Por su parte, Daniel Faría, Director de Fiscalización Tributaria de la Subsecretaría de Tributación, resaltó: “Además de los análisis patrimoniales de la Contraloría ente de la República, se aportará un mecanismo de control cruzado a través de un plan de auditoría, donde se tomará a determinados contribuyentes y se los analizará para establecer el nivel de riesgo, creando diferentes perfiles para seleccionar de mejor manera e impulsar inmediatamente los exámenes de las declaraciones juradas. Cabe resaltar que todas las declaraciones serán cotejadas, solo que se van señalando indicadores de riesgo en cada una, como por ejemplo la capacidad de endeudamiento y el crecimiento patrimonial. Hasta el momento, utilizando este mecanismo, hemos tenido un 95% de efectividad; confiamos en este criterio utilizado en la Subsecretaría de Tributación porque es un comportamiento que se complementa con otros, pero al analizar los ratios uno espera que se mantengan los altos niveles de precisión. La agilidad dependerá de la carga en una base de datos que se debe formalizar, dividiendo por instituciones y cargos. Y dependerá también de la capacidad operativa de trabajo”.

Los hechos a investigar son los de corrupción en general y no se circunscribirán a un solo tipo. Si bien el Ministerio Público debe actuar de oficio, se encuentra condicionado al Principio de Legalidad, que significa que deben existir indicios concretos de la comisión de un hecho punible.

Gacetilla N° 23/2020
CDBA/X/
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