(29 de agosto, 2014) La Contraloría General de la República procedió a la presentación al Congreso Nacional de su Informe y Dictamen sobre el Informe Financiero del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2013 en cumplimiento de su deber constitucional de expedirse sobre la liquidación del Presupuesto General de Gastos de ese ejercicio del Poder Administrador del Estado, conforme se encuentra establecido en el artículo 282 de la Constitución Nacional.

Los trabajos de auditoría que sirvieron como base a la Contraloría General para poder emitir su opinión técnica – Dictamen –, ante la imposibilidad física de auditar la totalidad de las Entidades y Organismos del Estado, fueron examinados los Estados Financieros del 35 % de ellos y los Estados Presupuestarios del 33 %, incluyendo en estos porcentajes a las entidades con las más altas asignaciones presupuestarias dentro del Presupuesto General de la Nación, tales como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Cultura, Petróleos Paraguayos, el Ministerio del Interior, la Administración Nacional de Electricidad y el Instituto de Previsión Social.

El proceso de análisis permitió a este Órgano de Control determinar que en la Administración Central los Estados Presupuestarios,  de 11 instituciones auditadas,  7 cuentan con un Dictamen “Con Salvedad” y  4 de “No Razonable” y, en la Administración Descentralizada, de 14 instituciones auditadas, 10 cuentan con un Dictamen “Con Salvedad”; 3 con “No Razonable” y solo una, con un Dictamen de “Razonable”. En relación a los Estados Financieros analizados, en la Administración Central, de 9 instituciones auditadas, 5 cuentan con un Dictamen “Con Salvedad”; 4 con “No Razonable” y, en la Administración Descentralizada, de 6 instituciones auditadas, 3 cuentan con un Dictamen “Con Salvedad”, una con “No Razonable” y 2 instituciones “Con Abstención de Opinión”. Ninguna de las instituciones auditadas en sus Estados Financieros obtuvo un Dictamen de “Razonable”.

La elaboración del Informe y Dictamen tiene para la Contraloría General de la República – aparte del cumplimiento estricto del deber constitucional –el importante objetivo de proveer a las autoridades de los Organismos y Entidades del Estado una significativa herramienta que les permita contar con parámetros para medir la eficiencia y eficacia de su gestión, corregir las deficiencias e impulsar con firmeza las buenas prácticas administrativas.

El objetivo cardinal a perseguir – mediante la exigencia de una puntillosa rendición de cuentas de los recursos públicos –, por todos los servidores públicos y ciudadanos en general, debe ser la instalación definitiva de una cultura de apertura al control y a la rendición de cuentas de la utilización de los fondos públicos a fin de transparentar la Administración Pública para generar nuevamente esa confianza de los ciudadanos  – tan vulnerada y trasgredida – hacía los que administran los recursos que, en muchos casos, son notoriamente malversados y despilfarrados.

Gacetilla Nº 89/2014 elaborada por:
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