(09 de agosto, 2016) La Contraloría General de la República (CGR) remitió formulario de reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, con respecto a la Resolución CGR N° 215/15 por la cual se dispuso la inspección técnica a las obras encaradas por la Municipalidad de Atyrá, con fondos provenientes de Royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
Entre los años 2014 y 2015, la Municipalidad de Atyrá, suscribió 3 (tres) contratos con el Ing. Walter Santo Báez, adjudicados en forma directa por un monto de Gs. 132.000.000 (guaraníes ciento treinta y dos millones) cada uno, totalizando Gs. 396.000.000 (guaraníes trescientos noventa y seis millones), para la “Coordinación, Planificación, Elaboración y Evaluación de las documentaciones para el Reordenamiento Catastral de los Inmuebles de la Zona Urbana del Distrito de Atyrá”. Todos los contratos fueron pagados íntegramente. Una parte de los pagos de los mismos se realizaron con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), sin tener relación alguna con los conceptos en que pueden utilizarse estos fondos.
Del análisis técnico de los documentos proveídos por la Municipalidad de Atyrá, realizado por los Auditores de la Dirección General de Control de Obras Publicas de la Contraloría General de la República, con base en los informes presentados en tres oportunidades por el Consultor, indicaron que los aparentes trabajos que se mencionan en los mismos fueron realizados con anterioridad a la fecha de los contratos y básicamente los tres informes tienen el mismo contenido con algunas variantes en el mes de enero de 2015; además el Equipo Auditor manifestó, que en ninguna de las tres actividades se tuvo certeza técnica de los trabajos realizados, en el marco del objeto de los Contratos, desde el enfoque profesional de “Consultor-Coordinación” así como del informe/gestión que debió realizar. A consecuencia de todo lo mencionado ampliamente en el informe técnico de la Dirección General de Control de Obras Públicas de la CGR, finalmente se concluye que los supuestos trabajos realizados no tendrían valor económico alguno.
Es decir, la Municipalidad de Atyra, ha pagado por supuestos trabajos que debieron realizarse en el marco de los tres contratos, trabajos que ni siquiera estaban bien especificados en los mismos, la suma de Gs. 396.000.000 (guaraníes trescientos noventa y seis millones), monto que constituiría el presunto perjuicio patrimonial “ya que no se tienen productos que demuestren que hayan aportado al fortalecimiento catastral” en los periodos contratados.
En base a lo expuesto, la Contraloría General de la República formuló denuncia al Ministerio Público, mediante un Reporte de Indicios Hechos Punibles Contra el Patrimonio.
Gacetilla Nº 62/2016
Nota. CGR N° 3969/16
Reporte CGR N° 17/16
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