Con referencia a las publicaciones aparecidas en fecha 5 de diciembre del corriente en diferentes medios de comunicación escritos, en los que se menciona una supuesta “intimación” efectuada por el juez Penal de Garantías Julián López -a pedido de la fiscala Natalia Silva- para que la Contraloría General de la República (CGR), informe sobre la declaración jurada de bienes del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se aclara que el contenido de dichos artículos periodísticos no se ajusta a la verdad.

Una de las mencionadas publicaciones señala: “Juez emplaza a Contraloría para que envíe declaración jurada de Díaz Verón” (…) “En mayo pasado, la Contraloría General de la Republica (CGR), a través del Director Jurídico César Núñez había anunciado que no entregará las declaraciones juradas de autoridades electas desde 1998 hasta el 2017 tal como lo ordenó el Juez Rubén Darío Riquelme”. (Diario Ultima Hora de fecha 05/12/2018).

Lo expresado en dicho artículo no es exacto, puesto que hace referencia a otro proceso en curso actualmente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, además, existe un procedimiento establecido en el artículo 3°, numeral 5) de la Ley N° 5033/13, para la entrega de la copia de Declaraciones Juradas. Además, en el caso particular del Ex Fiscal General del Estado, en lo que va del año ya se han entregado en 3 (tres) oportunidades las copias de su Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las siguientes fechas: 11/01/2018 (Oficio Judicial), 28/11/2018 y 05/12/2018 (Oficio Judicial); en consecuencia, no existió ni existe reticencia alguna por parte del Órgano Superior de Control para proveer dicha documentación, según lo establecido en la legislación vigente.

En cuanto a las funciones y atribuciones de la CGR en materia de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los Funcionarios Públicos, se reitera que las mismas están reguladas y delimitadas por la Ley N° 5033/13, que reglamenta el artículo 104° de la Constitución Nacional.

La CGR como Órgano Superior de Control de las actividades del Estado, manifiesta una vez más que jamás se opuso ni se opondrá en modo alguno al fortalecimiento de los procesos de control ciudadano, gobierno abierto y transparencia, de todo lo cual se obtiene un valioso auxilio para el cumplimiento de las funciones establecidas para la Institución en la Constitución Nacional