Derecho a la Información

El derecho a la información tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su artículo 19 lo define como la garantía fundamental que toda persona tiene buscar información, a informar y a ser informada. Uno de los ejes de este derecho implica el acceso a los archivos, documentos y registros públicos.

Sin el acceso a la información pública los ciudadanos/as de un país no podrán ser sujetos de derecho, porque para ejercer ciudadanía uno necesariamente debe estar bien informado lo que implica conocer acerca de la gestión de sus autoridades, cuales son sus derechos, quienes deben garantizarlo. La Constitución Nacional tambien garantiza este derecho, mediante el artículo 28: "se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos."

Los derechos humanos son definidos como el conjunto de normas y preceptos basados en valores que hacen a la condición libre, igual y digna de todas las personas sin importar raza, religión, condición social, ideas, políticas, tradiciones, costumbres o cualquier otra característica. De allí es que se convierten en atributos inherentes a la dignidad de toda persona y por ello conllevan obligaciones de los Estados, porque no se materializan a raíz de la caridad, o del solo intercambio de producción.

Los estados deben generar las condiciones legislativas y administrativas para que se cumplan tanto los Derechos Civiles y Políticos (libertad de expresión, asociación, voto secreto, circular libremente, tener nacionalidad, acceso a la información, etc.) como los Económicos, Sociales y Culturales (salud, educación, trabajo, agua, vivienda digna, etc.). Tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos. Es responsabilidad del Estado que podamos votar, tener educación, salud, trabajo, acceso a agua potable, vivienda digna, etc; todos son derechos, no necesidades, carencias o favores y deben ser garantizados, no ofrecidos.

Es una responsabilidad ciudadana ejercer nuestro derecho a ser escuchado, a romper la indiferencia de las autoridades, opinando, decidiendo, evaluando, criticando, exigiendo y proponiendo en las políticas y programas, apuntando a que las mismas respondan a las necesidades sentidas de la comunidad.

Todos los ciudadanos/as tenemos derecho a la información, este derecho implica que las autoridades tienen la obligación de facilitar toda información que tenga que ver con la gestión del gobierno, tanto administrativa como de carácter funcional.

El acceso a la información es parte de un proceso que implica saber, conocer y también exigir una rendición de cuentas a las autoridades públicas.